La próxima legislatura no solo se antoja complicado en el aspecto político, sino también en lo económico. La buena marcha de la economía española ha camuflado los muchos desequilibrios que existían, pero al final volverán a salir a relucir.
El nuevo Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy, deberá hacer frente a una serie de retos que podrían complicar la gobernabilidad del país. Entre otros: Ajustar las cuentas públicas a lo pactado con Bruselas, esto es ajustar cerca de 20.000 millones. Decidir qué hacer con las pensiones, de dónde sacar los ingresos para tapar el agujero de la Seguridad Social o si no recortarlas. Por último, perseverar en ciertas reformas que permitan la buena dinámica de creación de empleo.
Hasta la fecha, el último parece el más factible. Los dos primeros son los que pueden crear más problemas al Gobierno, por dos motivos. El primero, encontrar los ingresos necesarios -esto es, subir impuestos- para hacer frente a ambas circunstancias. El segundo, de no encontrarse o no querer tomar esa opción, decidir por dónde, cómo y cuanto se reduce el gasto público o las pensiones. En ambos casos, el coste político es muy alto.
El hecho de que quizá la segunda parte de la ecuación -optar por recortar gasto o (y) pensiones- es la que más coste electoral tiene, podría hacerle optar por la segunda. Todo ello, lleva irremediablemente al caballo recaudador ganador del Gobierno, el IVA. El impuesto es una de las herramientas más potentes que tiene el Estado para ingresar dinero y nadie ha pasado por el alto ese detalle.
La realidad de una subida de IVA, parece que va cumpliendo un guión predeterminado desde años antes. España ya cedió a las presiones de Bruselas para subir el impuesto en los primeros compases de la legislatura ‘popular’.
La subida de podría materializar entre 2018 y 2019
Todo comenzó en 2014, meses antes de acometer su reforma fiscal pidió un informe a una serie de expertos para orientar la medida. Los expertos encabezados por Manuel Lagares -uno de los mayores expertos en fiscalidad en España- pidieron aumentar IVA, reducir IRPF y afrontar una progresiva “devaluación fiscal” reduciendo cotizaciones, entre otras.
El Gobierno pese a que en la práctica solo llevó a cabo la reducción del IRPF, se comprometió con Bruselas a acometer las otras dos medidas. Fue en el Plan de Estabilización de 2014/2017. El Ejecutivo de Rajoy ya ha puesto en marcha la “devaluación fiscal” a través de reducciones de las cotizaciones como la tarifa de los 100 euros, o la eliminación de pagar por los primeros 500 euros del contrato. Entonces, solo faltaría la “reforma del IVA” que llegaría -según el propio Gobierno- cuando se dieran dos condiciones: Fortalecimiento de la demanda interna y reducción del déficit público.
La primera ya se ha cumplido. Para los años 2018 y 2019, se espera que la demanda interna crezca un 2,5%, una cantidad que los economistas consideran “fuerte”. La segunda es la que todavía no se ha cumplido y que se cumplirá -según estimaciones del Gobierno- en algún momento de esos dos años. En 2019, el déficit público habrá caído por debajo del 3% y será el momento en que ambas condiciones se cumplan y el Gobierno deba cumplir lo pactado con Bruselas.
El problema de las pensiones podría cambiar el plan
El plan primigenio, según está detallado por el equipo de Lagares, era más de reordenación de artículos que de una subida de facto. Esto es, trasvasar artículos de un tipo a otro manteniendo el general en el 21%. Algo que por ejemplo ha pedido la Comisión Europea en varias ocasiones, la última hace solo unos meses. Ahora, que las cuentas nacionales han empeorado y el agujero de las pensiones apremia podría contemplarse una subida del general.
En 2019, España debe tener un déficit por debajo del 3%, esto significa ajustar cerca de 16.000 millones por el lado del gasto o de los ingresos. A la cifra, se le suma un agujero de la seguridad social que de ser similar al de 2018 podría superar los 13.000 millones, según el propio Gobierno.
La cifra conjunta es muy alta para poder acercarse a ella con una simple recolocación, sí se podría acercar -aunque todavía quedaría lejos- con un incremento similar al de 2012. La subida que llevó a cabo el Gobierno, junto con la mejoría de la economía, permitieron que la recaudación haya crecido cerca de un 20%, de los 49.000 millones de 2011 a los más de 60.000 de 2015. En 2016, además se espera que crezca en torno al 3 o 5%. De hecho entre enero y agosto, se han recaudado 2.300 millones más que en el mismo periodo de 2015.
Por tanto, considerando que se mantiene la elasticidad en el impuesto -en el largo plazo es posible- el Gobierno podría obtener en torno a los 10.000 millones extras. Aun lejos de solucionar el problema de las pensiones o el déficit. Quedan aún años para que se de la situación, pero las propuestas ya están encima de la mesa. Además, la memoria a corto plazo dice que aunque el PP niegue en rotundo subir impuestos, una vez transcurridas las elecciones prima más lo prometido a Bruselas que a los votantes.
Pedro Ruiz