La crisis financiera internacional que comenzó en 2008 ha comprometido desde su inicio un volumen considerable de recursos públicos como resultado de los esfuerzos de los Gobiernos de las principales economías avanzadas para estabilizar y reestructurar el sistema financiero. El apoyo se ha instrumentado a través de una amplia tipología de medidas, incluyendo algunas de apoyo a la liquidez, avales sobre pasivos, inyecciones de capital y ayudas para el tratamiento de los activos deteriorados.
Según un artículo sobre el coste de las intervenciones en el sector financiero desde 2008 en los países de la Unión Europea, publicado este jueves por el Banco de España, el sector financiero de la UE ha tenido a su disposición un volumen de ayudas cuantioso. En este relatan que, de acuerdo con la información de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, las ayudas disponibles habrían alcanzado un valor algo superior a los 800 millones de euros en el caso de las recapitalizaciones, 600 millones en el de ayudas para activos dañados, y 3,3 billones de euros en forma de garantías.
No obstante, el dato de 800 millones de euros resulta muy superior al coste efectivo en términos de recursos públicos que las ayudas a la banca han supuesto para los Estados, por varios motivos. En primer lugar, el volumen de ayudas autorizadas no llegó a utilizarse en su totalidad, especialmente en el caso de las garantías. En segundo lugar, no todos los tipos de ayuda estatal requieren un desembolso de fondos y, por tanto, no incrementan necesariamente el endeudamiento del sector público. El registro de la CE tampoco es informativo sobre el curso final de las ayudas, esto es, si posteriormente han sido devueltas o recuperadas total o parcialmente.
La CE aprobó 174 millones de euros para España de los que se utilizaron 62
El órgano supervisor informa que la cifra de España de 174,3 millones de euros de inyecciones de capital aprobadas corresponde a la capacidad máxima potencialmente disponible e incluye los dos esquemas de recapitalización. El primero de 2010, con una ayuda autorizada de casi 100 millones, corresponde a la capacidad máxima de financiación legalmente establecida para el FROB en su constitución.
En cuanto a lo que se refiere a inyecciones de capital utilizadas, el volumen de recursos efectivamente aplicado a este fin fue de 61,9 millones de euros. Por otro lado, existe una tercera partida de «otras medidas» donde se incluye el FAAF creado en 2008, que contó con una capacidad de 30 millones, si bien las adquisiciones de activos finalmente alcanzaron los 19,3 millones de euros.
Impacto fiscal de las ayudas
Desde 2008, la mayoría de los Estados miembros de la UE han realizado algún tipo de intervención sobre el sector financiero que ha incidido en las cuentas públicas. El coste fiscal de estas operaciones puede aproximarse con distintas métricas, siendo el efecto directo sobre el saldo de deuda pública la más general. De este modo, el endeudamiento provocado por las intervenciones en el sector financiero alcanzó a finales de 2015 el 4,8% del PIB en la zona del euro (4,3% del PIB en la UE), de acuerdo con la notificación de Eurostat de octubre de 2016.
España entre los países dónde más ha crecido el endeudamiento público
Los países en los que más ha crecido el endeudamiento público en términos absolutos como consecuencia de la asistencia al sector financiero son Alemania (225 mm de euros), Reino Unido (131 mm), Irlanda (unos 58 mm), España (cerca de 52 mm), Grecia (45 mm), Austria (37 mm) y Países Bajos (30 mm). Ponderando por el tamaño de la economía, los países que han experimentado un mayor incremento de su endeudamiento son Grecia (26% del PIB), Irlanda (23%), Chipre (21%) y Eslovenia (17%). Los activos son particularmente elevados en países donde las ayudas para el saneamiento de activos se han realizado a través de entidades que forman parte del sector público. Tal es el caso de Alemania y el Reino Unido
De todas formas, los efectos finales sobre las finanzas públicas no quedarán completamente identificados hasta que culminen los procesos de reestructuración y resolución pendientes y se produzca una retirada completa de la exposición del sector público al sector financiero. En general, esta exposición proviene del mantenimiento de algunos activos que podrían en un futuro generar ingresos y de pasivos contingentes que podrían llegar a tener un coste si se ejecutan las garantías correspondientes
Transcurridos más de nueve años desde el inicio de la crisis, algunos países de la UE se encuentran aún inmersos en procesos de reestructuración de sus sistemas bancarios, afectados por un volumen elevado de activos deteriorados, cuya resolución se ve complicada por el contexto actual de débil recuperación económica.