“El Gobierno ha utilizado los PGE en los años de crisis para cuadrar las cuentas públicas a costa de los derechos y de los servicios públicos, una política que ha consolidado la desigualdad y la precarización, y que además de injusta ha resultado ineficaz económicamente». Con esta declaración advertía hoy CC.OO sobre un otoño de movilizaciones en la función pública.
Los ministerios económicos no tienen una respuesta uniforme. Guindos considera que la inflación debe mantenerse embridada, Para controlar los precios hizo aprobar en Febrero la llamada “desindexación”, que rompía la relación entre IPC y crecimiento salarial.
Por su parte, Montoro y Bañez mantienen un criterio más flexible. Montoro quiere cerrar un acuerdo con los sindicatos de la función pública antes de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Por su parte, Báñez se ha comprometido a no interferir en la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos y, mucho menos, ponerse del lado empresarial y la contención salarial. Las negociaciones con los sindicatos han empezado y, de momento, estos no parecen muy satisfechos.
En su opinión, en el contexto de mejora de la situación económica es el momento de “recuperar lo arrebatado”. Para ello, dicen desde CC.OO, el Gobierno debe sentarse a negociar y dotar suficientemente los PGE con el objetivo de recuperar el empleo perdido, los salarios, la calidad de los servicios públicos.
Los sindicatos nno descartan convocar concentraciones y paros, sin renunciar en caso necesario a “una movilización contundente”.
Recuperar el empleo perdido
Para CCOO, “ya no hay excusas para la recuperación del empleo público perdido”, alrededor de 300.000 personas, lo que exige “eliminar la tasa de reposición en todos los sectores públicos y reducir las altas tasas de temporalidad”. Una llamada especialmente relevante en el sector sanitario donde se han perdido cerca de 28.000 empleos.
La estrategia de Montoro facilita las presiones sindicales: que los sueldos públicos tengan un efecto arrastre sobre el resto de la economía. Así se lo trasladó a los sindicatos de la función pública en su reunión del pasado jueves.
Hacienda está dispuesta, este año, a aplicar el margen del presupuesto a la función pública ( salarios y oposiciones).
Miguel de la Balsa