Lío tras lío y conspiración tras conspiración, la digestión de la liquidación exprés del Banco Popular constituye un auténtico quebradero de cabeza para autoridades y reguladores, un suplicio para accionistas minoritarios y no pocas decisiones estratégicas de Botín. Las querellas buscan responsables.
Los autores de los datos
El Banco Central Europeo afirmó en noviembre de 2016 que el nivel de solvencia del Popular era similar al de Caixabank, Bankia y Sabadell. El llamado Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora establecía para el banco un nivel 3. Este procedimiento no solo analiza la capitalización de un banco; incluye el modelo de negocio, el gobierno interno y la gestión de riesgos, los riesgos para el capital y los riesgos de liquidez y financiación de la entidad.
Es decir, el regulador ha reconocido que el banco siniestrado tenía niveles de rentabilidad que solo eran superados por el BBVA y el Santander. Ningún banco español alcanzó el nivel de excelencia (1), pero tampoco el suspenso (4 y 5). La nota del Popular incluía el escenario económico más perverso en el que los clientes retiran dinero con profusión, situación que se suponía que el banco podría afrontar.
En definitiva, según el BCE, el Banco Popular estaba bien preparado para afrontar el 2017. Por cierto, el informe se produce cuando ya son evidentes las rupturas del Consejo de Administración y se ha producido la ampliación de Capital.
En diciembre, la auditora PwC certificaba que el patrimonio del Banco Popular rozaba los 11.000 millones de euros, con unos recursos de calidad de 8.000 millones. La noche del 6 al 7 de junio, ni la auditora ni el BCE sostuvieron su criterio: el Santander adquiere el Banco Popular por un euro, con un valor bursátil que entonces era de 1.300 millones de euros.
Las querellas. El auditor y los supervisores
Las impugnaciones se van a dirigir a Price. El auditor –por cierto, auditor del Santander y del Popular– deberá explicar por qué lo que valía en junio 11.000 millones, pasó a un euro la noche del drama.
En lo que respecta a los reguladores, las querellas presentadas no dirigen su acusación de momento contra miembros del Gobierno o de los organismos reguladores, al igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción. En realidad, los querellantes acaban asumiendo la doctrina Bankia y dejan fuera a quienes se suponía estaban encima del banco.
Ron, Saracho y sus delitos
Junto a alguno de los capitales en minoría, los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y ,sus respectivos Consejos de Administración, han sido querellados.
Los delitos que deberá evaluar inicialmente el juez Andreu son: de estafa a los inversores, falsedad de cuentas, administración desleal, delito contra el mercado de valores, delito de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Esta querella se une así al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide al magistrado la admisión a trámite de una treintena de querellas que se interpusieron contra los expresidentes de Popular y contra sus respectivos consejos de administración por llevar a la quiebra a la entidad.
El bono trampa del Santander
El Santander pretende compensar a los accionistas del Banco Popular con un bono de fidelización con una naturaleza similar a un bono subordinado,que dará un 1% de rentabilidad y que el afectado deberá mantener durante 7 años, antes de poder cobrar en metálico el valor del producto. Es decir, una “preferente”, para entendernos
Según cálculos del Santander, más de 110.000 pequeños accionistas del Popular podrán acogerse a esta opción. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%.
Apenas hace una semana que se ha empezado la comercialización, y los abogados y asociaciones de afectados ya están recomendando que no se acepten los productos. La firma de dichos bonos no solo supone la fidelización, sino la renuncia a litigar, lo que debilita la posición de los accionistas.
Los sindicatos han tenido que advertir al Santander que se abstenga de presionar a los trabajadores del Banco, muchos de ellos accionistas, presiones que se producen en un momento de incertidumbre de mantenimiento del empleo.
La venta de Aliseda
Al día siguiente de que la Unión Europea aceptara definitivamente la compra del Popular, el Santander anunciaba la venta del ladrillo que mató al Popular.
El 51% de Aliseda, entidad que mantenía el ladrillo tóxico del Popular, ha pasado a Blackstone, fondo norteamericano que se convierte en primer propietario inmobiliario de España. El fondo pondrá cerca de seis mil millones.
La venta hace innecesario que el Popular se trague a Aliseda. Merced a esa medida, ya no son necesarios los 7.000 millones que el Santander puso como provisiones en el Popular. Es decir, los accionistas del Santander recibirán una plusvalía mil millonaria.
Ahora bien, esas plusvalías pueden suponer un dolor fiscal para el Santander. En una operación globalmente poco estudiada, salvo pacto desconocido con las autoridades fiscales, va a ser difícil que la gestión del Popular genere alivios fiscales. El «pelotazo» puede salir caro, por tanto.
Comprando a Del Valle
La adquisición del Popular, le suponía al Santander la adquisición del 25% del capital de la entidad financiera de la familia Del Valle. Con ese peso en el grupo mexicano –Ve por Más (Bx+)–, el Santander podría vetar operaciones de la familia mexicana. Por ejemplo, Antonio del Valle, ex consejero del Popular, y animador de todas las intrigas que hundieron al Consejo de Administración, ha anunciado un acuerdo para comprar el banco digital Bankaool.
El veto de Ana Botín no significa interés alguno por la banca de Del Valle –la filial mexicana del Santander tiene un gran desempeño– sino una oportunidad para negociar con el incordiante magnate mexicano y sacarle de los litigios que amenazan al Santander y a los minoritarios.
Miguel de la Balsa