La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tomado posición respecto a la regulación que el Gobierno pretende sobre el alquiler de vehículos de turismo con conductor (VTC), Una posición favorable a Uber y Cabify y que, probablemente, volverá a incendiar el sector.
Tras un año horrible para Uber, acusado de malas prácticas en todo el mundo, salvando licencias en Londres por casualidad y vigilado en otras capitales, las VTC envuentran un respiro en la posición del regulador.
El proyecto del gobierno
El proyecto del gobierno impide la reventa de licencias de alquiler de vehículos de turismo con conductor (VTC) hasta dos años después desde su primera expedición.
Por otra parte, las Comunidades Autónomas podrán obligar a los conductores de estos vehículos a comunicar cada viaje que realicen íntegramente en su territorio.
Las medidas que prevé el Ministerio de Fomento dificultan que existan empresas y particulares que ofrezcan estos servicios de transporte alternativos al taxi (VTC) e impone cargas.
El pasado 16 de septiembre, el Ministerio de Fomento publicó una versión del Proyecto del Real Decreto que establecía normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en relación con las VTC. El 10 de Octubre había concluido el trámite de audiencia.
Ahora, el pasado 15 de Diciembre, la CNMV ha hecho público un informe que enmienda la plana al gobierno y supone un jarro de agua fría para el mundo del taxi.
Nuevos requisitos
En su informe, la CNMC considera que los nuevos requisitos que el Ministerio de Fomento impone a las empresas y particulares que prestan servicios alternativos al taxi para el transporte de viajeros en vehículos de turismo, los llamados (VTC), restringen la competencia en el sector y no están justificadas bajo los principios de necesidad ni proporcionalidad.
El Proyecto de Real Decreto consta de dos artículos que afectan a este tipo de servicios (VTC). Por un lado, el Ministerio de Fomento en su futura normativa impide a los titulares de licencias (VTC) que puedan revenderlas hasta pasados dos años desde su primera expedición. Por otro, las Comunidades Autónomas podrán “…exigir que los titulares de dichas autorizaciones […] les comuniquen, antes de su inicio, la prestación de cualquier servicio que haya de desarrollarse íntegramente dentro de su territorio”.
La CNMC considera que la prohibición de revender licencias hasta pasados dos años desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo. Esta situación resta liquidez al mercado secundario de licencias, cuya función es facilitar que haya más empresas ofreciendo el servicio. De esta forma, en última instancia, se perjudica a los pasajeros que utilizan las VTC.
Por otra parte, las obligaciones de comunicación pueden suponer una carga administrativa muy elevada para quienes ofrecen estos servicios alternativos de transporte (VTC). Con esta medida, tendrán que comunicar cada uno de los servicios que realicen, antes de su inicio. Esto conlleva también el riesgo de afectar a su movilidad geográfica. El proyecto no explica suficientemente las razones por las que se pretende imponer esta obligación.
Otros recursos de la CNMC por la regulación de las VTC
La CNMC ya ha manifestado en el pasado su preocupación por la regulación en el sector de los servicios VTC. En abril de 2016, la CNMC impugnó ante la Audiencia Nacional dos normas del Ministerio de Fomento
El lunes pasado, y a petición del Tribunal Supremo, la CNMV ha presentado una demanda contra el Real Decreto que regula la actividad de las VTC.
La normativa recurrida regula la actividad de empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) e impone límites a esas empresas en cuanto a las licencias que pueden obtener y exigiendo requisitos materiales (flota mínima, potencia y dimensiones de los coches, etc), entre otras medidas.
Las citadas barreras, dice el regulador, limitan la entrada y la capacidad de competir de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y asegura que provocan una pérdida a los consumidores de más de 324 millones de euros al año, cifra que es dificil de evaluar.
El recurso de la CNMC se dirige contra un Real Decreto y una Orden que regularon la actividad de VTC a finales de 2015. El recurso se interpuso de forma acumulada contra ambas disposiciones a principios de 2016, y no se ha admitido a trámite hasta hace unas semanas, tras la asignación del recurso contra el Real Decreto al Tribunal Supremo. El recurso contra la Orden se sigue su tramitación ante la Audiencia Nacional.
Miguel de la Balsa