España cumplió el objetivo de déficit público en 2017 gracias a la contribución de las corporaciones locales y las comunidades autónomas (CCAA), que permitieron compensar los desvíos de la Administración central y la Seguridad Social.
El pasado año, las administraciones públicas sumaron un déficit de 35.758 millones de euros, una cifra un 25,5 % inferior a la de 2016 y que equivale al 3,07 % del producto interior bruto (PIB), por debajo del objetivo del 3,1 % pactado con Bruselas, como ya había adelantado la pasada semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Una vez incorporados los 475 millones de euros de ayuda a las instituciones financieras, la cifra de déficit asciende a 36.233 millones, un 3,11 % del PIB.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado durante la presentación de la ejecución presupuestaria que el cumplimiento de los objetivos por subsectores ha sido desigual.
Así, el déficit de la Administración central ha ascendido al 1,9 % del PIB, muy por encima del objetivo del 1,1 %, debido en parte a las mayores aportaciones al País Vasco, Navarra y Canarias que, según el ministro, suponen un impacto de unas dos décimas.
También los Fondos de la Seguridad Social han excedido su objetivo -un 1,48 % del PIB, frente a la meta del 1,4 %- un desvío «grave» al que Montoro ha restado importancia para enmarcarlo en el cumplimiento general.
En cambio, las comunidades autónomas cerraron el pasado año con un déficit del 0,32 % del PIB, casi tres décimas por debajo de su objetivo (0,6 %) gracias a las aportaciones del Estado a determinadas regiones, que es uno de los factores que ha penalizado el saldo de la Administración central.
En 2017, sólo seis comunidades autónomas -Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana- incumplieron su objetivo, mientras que cuatro -Baleares, Canarias, Navarra y el País Vasco- lograron superávit.
En cuanto a las corporaciones locales, terminaron el pasado año con un superávit de 6.812 millones, equivalente al 0,59 % del PIB, cuando su meta teórica era el equilibrio presupuestario.
El propio ministro ha reconocido que el Gobierno preveía que los ayuntamientos volvieran a lograr superávit este año y que éste sirviera para compensar el déficit de otras administraciones, en particular el Estado, como finalmente ha ocurrido.
Montoro ha destacado que la reducción del déficit público en más de 12.000 millones de euros en 2017 ha sido posible gracias a que los ingresos han repuntado más que los gastos -que crecieron un 1,1 %, hasta los 477.332 millones de euros-.
Las administraciones españolas ingresaron el pasado año 441.099 millones, un 4,6 % más, gracias al repunte tanto de las cotizaciones sociales -142.908 millones, un 4,9 % más- como de los impuestos.
Los ingresos tributarios totales ascendieron a 198.101 millones de euros, lo que supone un avance del 6,4 % respecto a 2016, pero que no permitió alcanzar el objetivo marcado en el presupuesto de 2017 (200.963 millones).
Los ingresos por el impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) aumentaron un 6,4 %; los del impuesto sociedades, un 6,8 %; los de impuesto sobre el valor añadido (IVA), un 7,9 %, y los de impuestos especiales un 2,2 %.
Montoro ha destacado que los «muy positivos» datos de ejecución presupuestaria de 2017 ofrecen «la seguridad de que España va a tener un déficit por debajo del 3 % a partir de este año», lo que permitirá al país salir del procedimiento de déficit excesivo en el que se encuentra desde 2009.
De hecho, el objetivo para 2018 es un déficit público del 2,2 % del PIB, muy por debajo del límite del 3 % que permite salir del control de Bruselas. EFE
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