Los taxistas han presumido este viernes músculo tras lograr que el Gobierno ‘blinde’ jurídicamente al sector y frene la expansión de plataformas de movilidad como Uber y Cabify. «Hemos ganado la batalla más importante, podemos seguir soñando», ha asegurado la patronal Fedetaxi.
El real decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros para regular el alquiler de vehículos con conductor (VTC) incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas denieguen la concesión de nuevas licencias cuando la proporción sea superior a un VTC por cada treinta taxis.
La norma, que deberá convalidar ahora el Congreso, recoge también la obligación de los VTC de prestar dentro de su comunidad autónoma al menos el 80 % de sus servicios.
Estos dos preceptos ya estaban recogidos en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre en la redacción dada en el real decreto de 2015, sobre el que deberá pronunciarse el Tribunal Supremo a raíz del recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El real decreto-ley incluye una disposición adicional que establece la convocatoria, de forma extraordinaria, de la Conferencia Nacional de Transportes para analizar la legislación estatal y autonómica y comprobar si se pueden introducir cambios para mejorar la competitividad.
Forman parte de la Conferencia el ministro de Fomento y representantes de las comunidades autónomas.
De la Serna ha asegurado que el real decreto-ley permitirá garantizar una «convivencia equilibrada» entre los taxis y las VTC, y proporcionará una mayor «seguridad jurídica».
Según el titular de Fomento, la nueva norma también ha tenido en cuenta lo ocurrido como consecuencia del vació legal que se produjo entre la Ley Omnibus de 2099 y el real decreto de 2015.
En ese sentido, ha recordado que en los últimos meses se han concedido numerosas licencias por sentencia judicial, lo que ha roto «de facto» la proporción 1/30.
De la Serna ha apuntado que en abril había 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC, lo que supone una proporción 1/9.
Según el titular de Fomento, también se ha tenido en cuenta la proliferación, en los últimos meses, de iniciativas en ayuntamientos y comunidades autónomas para limitar la actuación de los VTC, lo que, en su opinión, «vulnera las reglas de la unidad de mercado» y la eficacia de las competencias del Estado en esta materia.
De la Serna ha recalcado que el real decreto-ley consolida las competencias en el ámbito del transporte que la Constitución reserva al Estado y garantiza un desarrollo «armónico» de taxis y VTC.
El intento publicitario de Cabify
Cabify había propuesto, a través de una notable inversión publicitaria, la paz a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona y a sus históricos rivales, el sector del taxi. Ninguno ha respondido. La plataforma de transportes invitó a las alcaldesas de las dos ciudades, Manuela Carmena y Ada Colau, y a los representantes de los taxistas a una conversación para limar asperezas, pero todos han rechazado asistir.
Cabify colocó unos carteles gigantes en Madrid y Barcelona, instando directamente a las ediles de ambas a mantener una conversación para mejorar el transporte urbano. “Hola Taxi, Hola Manuela. Juntos podemos hacer que la vida en Madrid sea realmente fantástica. ¿Hablamos sobre cómo mejorar nuestra ciudad?”, rezaba el que situaron en la Gran Vía madrileña.
La invitación no era solo para Manuela Carmena, si no también para el coordinador general de la alcaldía de Madrid, Luis Cueto, y para la responsable del área de movilidad, Inés Sabanés.
Miguel de la Balsa