A esta cuantía habría que sumar 74 millones de euros correspondientes a 26.088 reclamaciones ya estimadas pero pendientes de respuesta, con lo que el porcentaje de expedientes favorables al cliente se situó en 44,3 %.
A cierre de 2018 se habían presentado 1.181.369 solicitudes, de las cuales 408.542, el 35 %, fueron inadmitidas bien porque no existía cláusula suelo (175.181, el 43 %), porque el reclamante no era consumidor (48.276, el 11,8 %) o por razones entre las que se incluye la existencia previa de procedimientos judiciales (185.085, el 45,3 %).
En tanto que otro 20 % (232.600) fue desestimado por las entidades al entender que la cláusula se ajustaba a los requisitos de transparencia, y apenas el 1 % (11.458) acabó con el desestimiento del cliente.
De los 2.200 millones de euros desembolsados por los bancos, el 83,2 %, unos 1.831 millones, se reintegró en efectivo al usuario; el 11 %, 243 millones, a través de otras medidas compensatorias; y el 5,7 %, 126 millones, por medio de una fórmula mixta.
La tasa de solicitudes estimadas que concluyen sin acuerdo se sitúa en el 1,7 % y representa unos 44 millones de euros.
La Comisión se integra en el real decreto-ley habilitado a comienzos del 2017 para que 1,5 millones de hipotecados con este tipo de cláusulas pudieran recuperar sus ahorros sin acudir a los tribunales, sin coste alguno y en tiempo mínimo.
Mecanismo al margen, otros afectados continúan su recorrido en los juzgados especializados en materia hipotecaria, los cuales dictaron 54.396 sentencias desde el momento de su creación hasta el pasado 30 de septiembre.
De éstas, 52.811 han sido estimatorias y 1.585 han rechazado las pretensiones del demandante, tal como consta en la respuesta del Gobierno a Unidos Podemos fechada ayer.
A falta de datos anuales, Castilla y León, Madrid y Andalucía fueron las comunidades autónomas donde se registraron más veredictos favorables (6.463, 5.361 y 5.316, respectivamente).
Sin embargo, asociaciones de consumidores como Adicae consideran insuficientes estas cifras y lamentan tanto que sólo se perciba de media 4.500 euros «cuando debería devolverse en torno a 10.000 o 12.000 euros», como que «aún haya un millón de perjudicados que no han reclamado».
En su opinión, la técnica de las entidades «pasa por limitar todo lo posible la cantidad y enviar a la vía judicial, de uno en uno a los afectados para colapsar los juzgados», perdiendo así una «magnífica ocasión para cambiar su relación con la clientela».
El pasado noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid falló a favor de Adicae en la macrodemanda que interpuso contra 40 entidades bancarias por las cláusulas suelo.
Según fuentes de la asociación, la justicia madrileña se ha opuesto íntegramente a las aclaraciones y complementos de sentencia solicitadas en su momento por los bancos.
Redacción