En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha explicado que esta oferta contribuirá a recuperar un nivel de empleo público adecuado después de que entre 2009 y 2019 se hayan perdido 36.512 efectivos.
El mayor número de puestos de la oferta de 2019 será para la Administración General del Estado (AGE), con un total de 20.781 plazas, seguida de las Fuerzas Armadas (1.814) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (5.561), a las que se suman las 383 ya convocadas en febrero para reforzar servicios afectados por el «brexit».
Otras 5.254 plazas corresponden al desarrollo del acuerdo para la estabilización de empleo temporal en el sector público, con 2.528 previstas para la AGE, 2.237 destinadas al ámbito de la Justicia y 489, al ámbito de la Educación.
La ministra ha destacado que para el diseño de la oferta se ha utilizado por primera vez una metodología plurianual a tres años vista, teniendo en cuenta las necesidades actuales, el envejecimiento de las plantillas y la cantera de opositores.
Ha añadido que la estimación plurianual de necesidades permitirá distribuir adecuadamente la oferta teniendo en cuenta que los grupos auxiliar y administrativo tardan seis meses en incorporarse al servicio, mientras que los grupos superiores por la complejidad de sus procesos selectivos prolongan ese plazo entre año y medio y dos años.
Batet ha presentado datos sobre el envejecimiento de la plantilla de la Administración General del Estado, que cuenta con 135.476 funcionarios con una edad media de 52 años, 10 años por encima de la media del conjunto de la población activa.
En los últimos 15 años el envejecimiento del personal se ha acelerado, desde los 46 años de media registrados en el año 2004 a los 47 en 2008, 49 en 2012 y 52 en 2019.
La previsión es que a lo largo de la próxima década, hasta 2029, se jubile algo más del 51 % del personal de la AGE, casi 70.000 efectivos, un porcentaje que en grupos como el auxiliar y el administrativo se eleva al 57,3 % y al 62,6 %, respectivamente.
Además, en 2019 habrá un 14 % del personal (19.159 empleados) que cumplirán los requisitos para poder jubilarse.
Batet ha explicado que los mayores descensos de personal en la última década han tenido lugar en la franja de 40 a 49 años, como efecto de la culminación de los procesos de traspaso de personal a las comunidades autónomas, y entre los de 30 y 39 años por los efectos de la crisis económica y la reducción al mínimo de las tasas de oferta de empleo.
Por otra parte, la oferta de empleo de 2019 será la primera en la que el VIH, la celiaquía, la diabetes y la psoriasis dejarán de ser motivo de exclusión para acceder a una plaza pública, medida adoptada por acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 30 de noviembre.
La oferta de 2019 reforzará servicios públicos de atención a la ciudadanía prestados por la Administración en el territorio, como delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, servicios de empleo, tráfico, catastro y oficinas de extranjería.
También habrá refuerzos en el sector del I+D+i, la lucha contra el fraude fiscal y laboral, las Administración penitenciaria y las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en la AGE.
Redacción