Este expediente sancionador tiene su origen en una inspección sectorial que el Banco de España llevó a cabo a distintas entidades financieras en relación con operaciones de préstamo hipotecario de vivienda de 2014 y que le llevó a imponer sanciones similares a otros bancos.
La mayoría de las multas llegan al detectar irregularidades, por ejemplo, en el cobro de determinadas comisiones hipotecarias o en la entrega de información precontractual al cliente.
En el caso del Santander se han impuesto dos sanciones, cada una de 4 millones, que se quedan en 3,2 millones tras una rebaja del 20 % por el pago voluntario de la multa por parte de la entidad. De ese modo, los 8 millones se reducen a 6,4 millones, que podrían haber quedado en 4,5 millones si el banco admitiera su culpa.
Sin embargo, desde la entidad aclaran que no han reconocido la responsabilidad ni ha admitido los hechos en los que se sustenta el expediente sancionador al no estar de acuerdo; no obstante, y en aras a la máxima diligencia comercial con sus clientes, está subsanando todas las posibles deficiencias y devolviendo el dinero.
Unicaja Banco también ha sido sancionada por partida doble, una por importe de 1,75 millones y otra de 750.000 euros, aunque esos 2,5 millones se quedan en 1,5 millones tras aplicarle reducciones del 40 %, por lo que se entiende que, a diferencia del Santander, ha reconocido los hechos.
Según la página web del Banco de España, tras la inspección de la cartera hipotecaria de la banca se han impuesto sanciones a: Abanca (3 millones), CaixaBank (4,8 millones), BBVA (2,7 millones), Bankia por BMN (1,2 millones) y por ella misma (900.000 euros), Banca Pueyo (876.000 euros) y Banco Pichincha (351.000 euros).
Todas ellas se impusieron tras la aplicación, a solicitud de las entidades sancionadas, de una reducción del 40 % sobre el importe de la multa propuesta por el Banco de España por haber reconocido su responsabilidad y haber admitido los hechos.
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