viernes, noviembre 22, 2024
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Rato y Acebes ven vulnerados sus derechos en el juicio por el caso Bankia

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Aunque se ha reservado los detalles de su informe para el próximo mes de septiembre, cuando se retoman las vistas por la salida a Bolsa de la entidad, el letrado ha dejado la puerta abierta a una posible vulneración de derechos fundamentales, un «fraude procesal» que también ha denunciado la defensa del exconsejero de BFA y exministro del Interior Ángel Acebes.

En poco más de 45 minutos, los abogados de la treintena de acusados han comunicado a la sección cuarta de la Sala de lo Penal sus conclusiones definitivas, unos documentos cuyo contenido deberán desarrollar tras el verano.

Pese a la brevedad, las defensas han tenido el tiempo suficiente para pedir al tribunal su absolución y reprochar a la Fiscalía el «giro copernicano» de su acusación, que pasó de dirigirse contra los cuatro antiguos administradores del banco por estafa a inversores, a incluir a nueve exconsejeros del comité de auditoría, al actual interventor de Bankia y al socio auditor por falsedad contable.

Uno de los más críticos con el cambio ha sido Ángel Acebes, para quien el Ministerio Público solicita hasta un año y medio de cárcel ya que, pese a presidir el comité de la matriz, no advirtió en 2012 de los ajustes aún sin registrar de los que había alertado previamente el auditor de Deloitte.

En su escrito de conclusiones definitivas, al que ha tenido acceso Efe, su letrado denuncia un «manifiesto abuso de derecho» de la fiscal Carmen Launa, cuya voluntad de ampliar los cargos «es previa y ajena al resultado de la prueba y al desarrollo del juicio».

La petición de condena a Acebes, que hasta ahora escapaba de la acusación de Anticorrupción, se adopta «sin base probatoria» y partiendo de una «auténtica triquiñuela procesal», prosigue el texto, que afea que «el juicio entero haya estado trufado de la insistente, hasta llegar a lo recalcitrante» pretensión de Launa de introducir «hechos nuevos» a la causa.

Así pues, rechaza que el exministro «dispusiera de más o distinta información de la que dispusieron los demás miembros del consejo de administración de BFA», y aclara que ni tenía «ningún tipo de función ejecutiva» al ser consejero independiente, ni «intervino ni pudo intervenir en ninguna decisión» sobre la salida a Bolsa, puesto que se incorporó al grupo una semana después de la operación, el 27 de julio de 2011.

El escrito lanza, además, un dardo a los organismos y tacha de «paradójico» que se haya excluido del proceso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España alegando que no podían constatar que las cuentas de BFA-Bankia reflejaban su imagen fiel y que, en cambio, sí que se exija esto a un «consejero que manifiestamente carecía de los medios de los que sí disponen los reguladores».

Por ello, insta a la sala a deducir testimonio a UPyD, formación que en junio de 2012 interpuso la querella que destapó el caso y que la defensa de Acebes considera «falsa», motivo por el que pide que, de confirmarse su inocencia, se investigue a los promotores de la acción por un posible delito contra la Administración de Justicia.

Las defensas tampoco han pasado por alto que la Fiscalía apartara de su acusación a la exconsejera de BFA Mercedes Rojo, a la que dio por «fallecida» la pasada semana.

Aunque el error ya ha sido solventado y Rojo forma parte del nuevo elenco de Anticorrupción por su rol de vocal en el comité de auditoría de la matriz, su abogado ha insistido en que «dar por muerta a una persona que ha tenido aquí delante, es una negligencia».

El juicio volverá en septiembre con el informe de la Fiscalía, que hace una semana aumentó su petición de pena para Rato hasta los ocho años y medio de cárcel al entender que «ha quedado acreditado» que la entidad salió a Bolsa falseando sus cuentas.

Conducta de la que también responsabiliza al que ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella (seis años de prisión), al exvicepresidente José Luis Olivas (cinco años), y al ex número dos Francisco Verdú (de seis a nueve meses).

Para las once personas restantes solicita entre dos años y medio de cárcel y un año de prisión conmutable por multa.

Una vez que todas las partes, incluidas las acusaciones particulares y populares -que en su mayoría se han adherido al último escrito de la fiscal- expongan sus argumentos, el caso quedará visto para sentencia después de diez meses de juicio. 

 

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