La directiva PSD2, por sus siglas en inglés, busca reducir el fraude en el pago con tarjeta aplicando dos elementos de seguridad diferentes, a elegir entre la posesión (de la tarjeta o del móvil), el conocimiento (un pin), y la inherencia (la huella digital o el iris, por ejemplo).
Se trata de una norma de carácter europeo traspuesta al ordenamiento español en 2018, cuyo reglamento de desarrollo establece el 14 de septiembre como fecha de implantación, si bien las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, consideran que será precisa una prórroga porque el 75 % de los comercios que venden en internet desconoce la normativa, según un estudio de Mastercard.
La doble autenticación del cliente será necesaria tanto para hacer pagos por internet como en comercios físicos, aunque se han establecido algunas excepciones en compras de importe reducido para agilizar este tipo de pagos.
Será así, por ejemplo, en los pagos de peaje con aplicaciones como «Vía T» o aquellos otros por importes de menos de 20 euros. En estos casos el consumidor podrá hacer hasta cinco abonos sin autenticarse o hasta un límite de 150 euros en total.
La doble autenticación ya se hace en algunos casos, como cuando se tiene que añadir un pin al pagar con tarjeta, pero ahora se hará extensivo a todos, y desaparecerá la vía actual de confirmación de la compra con un código que recibe el usuario por sms porque no reúne ese requisito de demostrar dos veces la identidad.
La aplicación de la directiva supondrá una agilización de los pagos porque el cliente abona directamente a la tienda, como si fuera una transferencia directa, con lo que se elimina el paso intermedio de la plataforma de pagos, para lo que los bancos tienen que abrir sus servicios a terceras empresas.
Hasta ahora, cuando se realiza una compra «online» el comercio tiene que recurrir a intermediarios como los proveedores de pagos electrónicos, que luego se ponen en contacto con la compañía de la tarjeta, que es la que finalmente carga el cobro en la cuenta del cliente.
Después, los métodos de pago serán más rápidos, sin necesidad de «saltar» de una página a otra, lo que para el comercio redundará en una mayor tasa de conversión (porcentaje de operaciones de compra por internet que llega a su fin) y que ahora es más baja porque en esos saltos el consumidor desiste de la compra.
La directiva supone también un cambio radical en la relación entre los proveedores de servicios de pago y los clientes y respecto al uso de los datos, puesto que los bancos estarán obligados a dar acceso a las cuentas de sus clientes a terceros si así se lo piden los titulares.
De este modo, un tercero podrá ofrecerle servicios para gestionar sus finanzas sin pasar por la entidad financiera y podría, por ejemplo, agregar todas las cuentas de un cliente de distintas entidades en una sola aplicación.
Con estas nuevas atribuciones, los proveedores de servicios financieros deberán convertirse en entidades reguladas y estarán sometidos a la supervisión del Banco de España.
La directiva refuerza la seguridad para el cliente también en caso de uso no autorizado de sus tarjetas, porque rebaja de 150 a 50 euros la cantidad que debe asumir el consumidor si ha sido objeto de un fraude o robo.
Estrella Digital