La CNMC, que aunó en su seno a los reguladores sectoriales y de competencia, comenzó a funcionar a principios de octubre de 2013, durante el Gobierno del PP, con Marín Quemada al frente, nombramiento que apareció en el BOE el 9 de septiembre, junto a la vicepresidenta y cuatro consejeros.
De esos cuatro consejeros, tres de ellos cumplen también ahora: Josep María Guinart, Clotilde de la Higuera y Benigno Valdes, mientras que la otra consejera nombrada en ese momento, María Ortiz, renovó su cargo en 2017.
En total, la CNMC cuenta con diez consejeros divididos en dos salas: la de Competencia, que preside Marín Quemada y donde están Guinart y De la Higuera, y la de Regulación, que tiene al frente a María Fernández y a Valdes entre sus miembros.
La ley por la que se constituyo el organismo fija que los mandatos son por «seis años no renovables», por lo que en menos de un mes tocaría renovar a la mitad del Consejo: presidente, vicepresidenta y tres consejeros.
No obstante, si al cumplir el plazo no hay relevo, siguen en plenas funciones y desempeñando los mismos cometidos hasta que se elije sucesor.
La CNMC tiene abiertos actualmente importantes temas como la retribución de las actividades de distribución y transporte de electricidad y gas, que ha suscitado polémica y que debe concluir antes de final de año.
Al igual que en otros organismos, los nombramientos se proponen desde el Gobierno entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional y previa comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Así, la renovación de la mitad del Consejo de la CNMC será la primera que se cruce con la situación de bloqueo político que vive el país y que, con un Gobierno en funciones, impide abordar estos nombramientos.
La ley de Gobierno fija que el Ejecutivo en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos sin adoptar otras medidas, «salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique».
En otros casos como la CNMV, el FROB o la AIReF los relevos se afrontarían ya en 2020.
El primero sería el del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, nombrado en febrero de 2014, también por seis años no renovables.
La AIReF, que ha defendido estos años su autonomía e independencia para fiscalizar las cuentas públicas, ha presentado recientemente los informes correspondientes a la primera fase del proceso de revisión integral del gasto público («Spending Review») encargado por el Gobierno.
La segunda fase incluye el gasto en áreas como las infraestructuras ferroviarias, los incentivos a la contratación o los beneficios fiscales y se presentarán en los próximos meses.
En el caso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el mandato del presidente, Jaime Ponce, termina en julio de 2020, mientras que en el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, vence a finales de año.
En el caso de Albella, el mandato puede renovarse por otros cuatro años más por lo que podría seguir al frente del supervisor bursátil hasta 2024.
Dos meses antes del fin, se debe solicitar al ministro de Economía el inicio de los trámites.
Un escenario de repetición electoral también podría llegar a alterar los plazos en algunos de esos procesos aunque, en principio, no tanto como con esa primera renovación que afronta la CNMC.
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