La directora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Marisol Serrano, ha explicado en declaraciones a los periodistas que en esta segunda edición se enviarán 5.000 comunicaciones más que en la primera, que afectan a 230.000 trabajadores -100.000 más que en 2018-, principalmente de los sectores de hostelería y comercio.
Serrano ha recordado que las comunicaciones se envían tras haber detectado posibles situaciones irregulares a través de la herramienta informática de la Inspección, que cruza datos de diferentes administraciones.
«Primero se da un plazo a las empresas para que regularicen la situación, en un mes», ha detallado, y luego «a quien no haya regularizado y se considere que debe haber una inspección, se hace».
Serrano ha desligado estas inspecciones de la obligatoriedad del registro horario implantada en las empresas españolas porque «los planes de choque son anteriores», aunque «sí hay un punto en común, en el trabajo a tiempo parcial, para el que ya se preveía el registro de horario con anterioridad».
Ha indicado que no dispone de «datos cerrados» sobre el cumplimiento del registro de horarios porque su implantación es negociada entre empresa y trabajadores y «eso lleva tiempo».
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