La inminente convocatoria de elecciones para el próximo 10 de noviembre impide contar con un presupuesto aprobado el 1 de enero, ya que una vez constituidas las Cortes y formado Gobierno -algo que no ocurrirá antes de mediados de diciembre- el nuevo Ejecutivo tiene que elaborar y presentar las cuentas, cuya tramitación parlamentaria se extiende durante unos tres meses.
A falta de nuevo presupuesto, se prorroga automáticamente el último en vigor, que en este caso es el de 2018, elaborado por el PP, ya que el Gobierno socialista no consiguió sacar adelante su proyecto para 2019.
«Estaríamos viviendo por tercer año consecutivo con los presupuestos de 2018, con lo que hay un desfase evidente entre la asignación de los recursos presupuestarios y las necesidades de la economía, sobre todo en situación de desaceleración económica», explica el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres.
Estas cuentas «pueden no ser las que le convengan ahora mismo al país, en un contexto de ralentización», coincide el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universitat de València Joaquín Maudos, que añade que los presupuestos de 2018 «son más expansivos que los que ahora necesita el país».
«Potencialmente puede haber una mayor desaceleración del PIB», apunta Aurelio García del Valle desde el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que puntualiza que «tampoco es un drama» como se ha visto en otras prórrogas presupuestarias.
En ese mismo sentido, el analista de Renta 4 José Ignacio Crespo resta importancia al efecto de la prórroga en la situación económica, «salvo en el caso de que hubiera una recesión importante en la economía mundial».
Los expertos coinciden en que la prórroga presupuestaria, unida a una situación de Gobierno en funciones con la capacidad de legislar muy limitada, resta capacidad de reacción frente a posibles retos, desde el «brexit» hasta una escalada del precio del petróleo.
Asimismo, los expertos consideran que el presupuesto de 2018, pensado para otro momento económico, no permitirá cumplir con el objetivo de déficit público en 2020, lo que redundará en un aumento de la deuda pública, que es uno de los grandes problemas de la economía española.
Junto a las implicaciones macroeconómicas, la prórroga presupuestaria impedirá cumplir con compromisos concretos del Gobierno, como la revalorización de las pensiones o la subida del salario de los empleados públicos.
«Todo esto quedaría congelado hasta que hubiera presupuesto», resume García del Valle.
Para «las pensiones, sin nuevos Presupuestos, se cumplirá lo que dice la legislación vigente, que será una subida del 0,25 %», en lugar de un repunte equivalente a la inflación como se había comprometido el Ejecutivo, señala Maudos, mientras que la subida salarial de los funcionarios para 2020 que se pactó con los sindicatos «queda en stand-by».
Por lo que respecta a la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, uno de los problemas de mayor urgencia porque está integrado en las cuentas y afecta a la liquidez de las regiones, «se podría sortear» con endeudamiento, aunque tendría impacto en el nivel de gasto, puntualiza Torres.
«Lo óptimo sería que hubiera un nuevo Gobierno», subraya Torres, un punto en el que coinciden otros expertos, ya que tener plenas funciones permitiría abordar estas medidas vía real decreto mientras se tramitan los presupuestos.
A esto se añade la necesidad de emprender reformas estructurales, como la fiscal, según Maudos, o la laboral, según García del Valle.
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