Así lo han asegurado este sábado fuentes de ese Ministerio, que no han querido pronunciarse sobre la información de El País que apunta a que esa solución ya está diseñada y permitirá desbloquear 4.500 millones de euros para realizar los pagos antes de que acabe septiembre.
Las citadas fuentes se limitan a indicar que Hacienda confía en encontrar una solución a un problema que es muy complejo a nivel técnico y dicen no poder aventurar si se hallará «durante este mes, el siguiente o el otro».
«Tenemos claro que ese dinero tiene que estar cuanto antes en manos de las comunidades autónomas y que su financiación no puede depender de que haya Presupuestos o Gobierno, pero la situación es la que es», han asegurado.
En cualquier caso, lo cierto es que con la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre es muy poco probable que se vaya a constituir un Gobierno antes de que acabe 2019, lo que abre la puerta a que el Ejecutivo en funciones abone esas cantidades sin saltarse el dictamen al respecto de la Abogacía del Estado.
Ese órgano, integrado en el Ministerio de Justicia, apuntó en agosto que el Gobierno en funciones no podía realizar los citados pagos -correspondientes a la mejora de la recaudación tributaria durante este año- porque con esa medida podría condicionar la actuación del siguiente Ejecutivo.
Con los plazos actuales, y dado que estos pagos se corresponden con 2019 y deberían efectuarse antes del 15 de diciembre, el Ejecutivo actual puede alegar que su abono no condicionará la actuación del próximo Gobierno, que se formará en todo caso en 2020.
El pasado jueves, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que «casi» tiene lista una solución, aunque hay que «dejar que trabajen los cuerpos técnicos del Ministerio, que son los que definitivamente la tienen que validar».
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