El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) que lleva el caso y ha dictado el auto de procedimiento abreviado contra los dos directivos, ha archivado las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado.
El juez descarta que estos últimos incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén de gas.
En el auto, fechado ayer y notificado ya a las partes, el instructor señala que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 la fase de inyección de gas en la planta, pese a que eran «conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear».
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