Calviño, en una entrevista que hoy publica La Vanguardia, reconoce la complejidad que implica cumplir con el objetivo de déficit del 1,1 por ciento al tiempo que se implementa la política de subida de pensiones y del salario de los funcionarios, entre otras medidas.
«Tenemos que actuar dentro del marco normativo vigente -afirma la ministra-. Ese marco, el pacto de estabilidad y crecimiento, tiene una serie de elementos metodológicos que son cuestionables y que hemos venido cuestionando, porque en esencia se basan en variables que no son observables, conceptos que son muy difíciles de estimar y que si echamos la vista atrás no se corresponden con la realidad económica de España».
La ministra entiende que el pacto de estabilidad y crecimiento puede ser útil «para otros países más estables» aunque subraya que, pese a la diferencia con España, «el objetivo compartido es que no se ponga en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo».
Calviño elude responder directamente si 2019 ha sido un año «perdido» para la reducción de déficit pero puntualiza: «Hubiéramos querido reducir el déficit y la deuda pública más rápidamente; por eso propusimos unos presupuestos para 2019 que tenían un objetivo más ambicioso».
Tampoco adelanta si el nuevo objetivo de déficit se situará por encima del 2 por ciento, si bien resalta que «está claro» que desde el Estado «se ha hecho una gestión presupuestaria tremendamente responsable» y que, con la lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria recaudó en 2018 un dos por ciento más que el año anterior.
La vicepresidenta explica que el Gobierno está en la fase de «preparación» del proyecto de ley de Presupuestos y que será cuando se tengan las líneas fundamentales del mismo «cuando se empiece a negociar con los distintos grupos políticos», entre ellos con ERC.
«Espero -señala Calviño en la entrevista- que los grupos políticos tengan altura de miras y sepan ver la prioridad que tiene la aprobación de estos presupuestos para todos los españoles, incluyendo los catalanes».
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