El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha estrenado en el Pleno del Congreso que ha abierto la XIV Legislatura con la convalidación de tres decretos ley económicos: el de actualización de las pensiones, el de subida del 2 % del salario de los empleados públicos para este año y el que prorroga el Impuesto de Patrimonio y actualiza los valores catastrales.
Los tres han recibido apoyo suficiente, aunque el de pensiones y el de empleados públicos han tenido los votos favorables de todos los partidos a excepción de las abstenciones de VOX, el BNG y la CUP.
Frente al decreto de las pensiones el BNG y la CUP han argumentado que es insuficiente, mientras que VOX ha dicho que es irresponsable subir esta prestación teniendo en cuenta el déficit que arrastra la Seguridad Social desde hace años.
Escrivá ha garantizado que llevará a cabo políticas de inclusión de los colectivos más vulnerables como los pensionistas, porque ha dicho que las pensiones y el bienestar social son la garantía de un crecimiento económico inclusivo.
«Es la forma más eficaz de conseguir que nadie se quede atrás», ha incidido.
El ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno de subir por encima del 0,9 % las pensiones mínimas y las no contributivas, pero ha insistido en que se hará en el contexto de los Presupuestos de 2020 cuando se vea el margen disponible, después de que desde algunos grupos le hayan afeado que no se hiciera en este decreto ley.
Ha insistido en que subir la pensión con el IPC es objetivo «absolutamente prioritario» de su ministerio y que es paso previo a los retos de futuro a los que se enfrenta el sistema de pensiones.
«Estamos decididos a reforzar su solvencia pero dando certidumbre a pensionistas y trabajadores», ha recalcado.
Para ello ha apelado al diálogo y al espíritu de consenso con el que nació el Pacto de Toledo hace 25 años, ya que «no hay nada más poderoso que los consensos para reducir la incertidumbre».
Escrivá ha dicho que el sistema de pensiones es «sólido» y ha recordado que el decreto ley de actualización, que tendrá efectos a 1 de enero y será abonado ya en febrero, beneficiará a más de 11 millones de personas, de los que 10 millones son pensiones contributivas, 450.000 no contributivas y 650.000 de clases pasivas.
«Los pensionistas no solo deben estar seguros de que no perderán poder adquisitivo, sino que debe haber el máximo consenso posible en torno a ello», ha incidido, al tiempo que se ha comprometido a «esforzarse» para conseguirlo.
Sin embargo, aunque todos los partidos políticos han apoyado la convalidación de este decreto, Vox ya ha anunciado que en el Pacto de Toledo no apoyará ninguna medida que sea contraria al interés general y que no está acompañada de una reducción del gasto ni de un pacto por la natalidad y porque el Gobierno «promueve la inmigración masiva contra el invierno demográfico».
El PP también ha marcado un discurso muy duro y ha avisado a Escrivá de que los «verdaderos adversarios» en materia de pensiones los va a tener dentro del Gobierno, ya que fue el grupo de Unidas Podemos el que rompió el preacuerdo alcanzado la pasada legislatura en el Pacto de Toledo.
La diputada socialista Mercé Perea ha afirmado que fue durante el gobierno de Mariano Rajoy cuando se produjo la mayor pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, como consecuencia de un índice de revalorización que las mantuvo casi congeladas con subidas del 0,25 % anual.
ERC, JxCAT y el PNV han celebrado esta subida de las pensiones, aunque los nacionalistas vascos han insistido en pedir la transferencia de algunas competencias de la Seguridad Social al País Vasco.
El ministro ha recibido también el apoyo de Ciudadanos, que ha confiado en que desde su «independencia» haga reformas para mejorar el empleo sin subir impuestos.
Escrivá ha señalado que dará información puntual para que todos los partidos puedan opinar en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y ha urgido a dejar a un lado los intereses particulares.
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