En declaraciones en los pasillos del Congreso, Montero ha explicado que estas leyes han pasado ya todos los procedimientos, incluida la audiencia pública.
Se trata de tres proyectos de Ley que deben ser aprobados al margen del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2020 ya que llevan textos propios por lo que también tendrán su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.
De hecho, el 18 de enero de 2019 los impuestos digital y financiero ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros del Gobierno socialista pero no llegaron a iniciar su tramitación en el Congreso ante el adelanto electoral en abril.
Montero no ha garantizado que las nuevas leyes puedan ser aprobadas en los Consejos de Ministros de febrero ya que la «planificación es dinámica» y fuentes del ministerio han señalado que todavía quedan reuniones pendientes para proyectar sus entradas en vigor.
El Ejecutivo persigue con las dos nuevas figuras tributarias afrontar el reto de la globalización, las nuevas formas de negocio y tener un sistema de impuestos más moderno y redistributivo y confía en recaudar unos 2.000 millones de euros.
Cuando se plantearon los Presupuestos de 2019 el Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales o «tasa Google», gravara con un 3 % los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
El texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España y la recaudación estimada era de 1.200 millones de euros.
Con el impuesto a las transacciones financieras o «tasa Tobin» se pretendía gravar con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros y su recaudación prevista era de unos 850 millones de euros anuales.
Por otra parte, con la Ley de prevención y lucha contra el fraude, que incluía desde un endurecimiento de la lista de morosos a la limitación de pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros, el Ejecutivo pretendía ingresar más de 800 millones de euros.
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