viernes, noviembre 22, 2024
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Planes de pensiones colectivos en España: minoritarios aunque más rentables

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Al cierre de 2019, según datos de Inverco, en España había 9,5 millones de planes de pensiones abiertos: con 7,5 millones de participes en individuales, que suman 79.850 millones de inversión, y 1,98 millones en planes de empleo, con un patrimonio de 35.170 millones.

En términos netos, unos 8 millones de españoles participan en algún plan ya que hay gente que tiene más de uno.

Ambas opciones configuran la denominada previsión social complementaria, es decir ahorros de cara a la jubilación con ventajas fiscales por las aportaciones realizadas.

Frente a los individuales, que contrata cualquier persona, en los colectivos entran solo los trabajadores de las empresas que los ofrecen y las condiciones se pactan, con aportaciones solo de la empresa o de ambas partes o posibilidades de trasladar lo aportado si se marcha de la empresa.

Actualmente, solo están recogidos en un 10 % de los convenios firmados en España -en el País Vasco donde más extendido está su uso cubren al 50 % de los trabajadores- y su evolución se ha estancado en los últimos años.

Al detalle de rentabilidades, y según datos de Inverco, los colectivos ofrecen mejores cifras, especialmente, en el largo plazo: en diez años la rentabilidad media anual de los sistemas de empleo es del 3,98 % frente al 2,84 % de los individuales y en 25 años, del 4,6 % frente al 3,29 %.

Detrás de estas diferencias, señalaban esta semana desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social están las menores comisiones y costes de gestión, en parte porque se negocian mejores condiciones para un colectivo que para solo un individuo.

Con estos argumentos, y en el marco de las recomendaciones del último borrador del Pacto de Toledo, el Gobierno quiere impulsarlos «trasladando progresivamente los beneficios fiscales de los planes individuales a los colectivos».

El objetivo, aunque desde el Gobierno no han avanzando más detalles, es hacerlos más atractivos fiscalmente para que más empresas los pongan en marcha y más personas aporten en esta modalidad. Y hacerlo, insisten, de forma progresiva.

Actualmente, los planes de pensiones, tanto los individuales como los de empleo, disfrutan de ventajas fiscales, ya que permiten reducir la base imponible del IRPF directamente en la cuantía aportada hasta un máximo de 8.000 euros anuales, siempre que no supere el 30 % de los rendimientos que el contribuyente ha obtenido por trabajo y actividades económicas.

En 2017, según datos de la Agencia Tributaria, 2,8 millones de declaraciones de IRPF incluyeron una reducción por aportaciones a planes de previsión social, por un total de 5.027 millones de euros.

Estas reducciones supusieron un impacto en la recaudación tributaria de 1.643 millones anuales, según los cálculos que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el estudio de los beneficios fiscales que está llevando a cabo.

La Agencia Tributaria detalla que la reducción media aplicada en 2017 fue de 1.778 euros por declaración, aunque esta cantidad varía notablemente entre los 357 euros medios de quienes declararon rendimientos inferiores a 1.500 euros y los 6.488 euros de quienes ingresaron más de 601.000 euros en ese año.

Precisamente otro de los puntos que el Gobierno usa para defender los planes de empleo, que ayudan a rentas medias y bajas, frente a los individuales es que en muchas ocasiones no se usan para ese fin de complementar la pensión, sino como un elemento más para deducirse en rentas más altas.

Desde el sector, ya han criticado los planes de Escrivá.

Así, el consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, ha pedido al Gobierno que no penalice fiscalmente a los planes de pensiones individuales para favorecer a los de empresas, ya que ambos son muy necesarios para afrontar el futuro y pueden ser complementarios.

«Lo correcto» sería fomentar ambos tipos de planes, porque «al final estamos hablando de la solución de un problema» real, que se nos va a plantear y «todos los medios van a ser pocos para paliarlo», ha añadido.

También han cuestionado qué pasara con los colectivos que no pueden optar a estos planes como autónomos, empleadas domésticos o trabajadores temporales.

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