Así se han comprometido el vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias y los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en las reuniones que han mantenido este jueves con Comisiones Obreras y UGT, y con las organizaciones del Tercer Sector Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector.
No solo ellas, ya que, según ha informado la Vicepresidencia, Iglesias, que está en contacto con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha constatado además que «grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida».
Con este Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP), el Ejecutivo pretende garantizar que las personas más vulnerables cuenten con recursos para poder afrontar esta crisis, sin que ello signifique renunciar a su compromiso de instaurar un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter permanente.
Sin embargo, «las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional» que requiere el desarrollo de esta renta «podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación», un plazo que no pueden esperar los grupos más vulnerables, según ha informado la vicepresidencia segunda.
En un comunicado, La Plataforma del Tercer Sector, compuesta por 30.000 ONG, ha aplaudido esta medida y ha deseado que el nuevo salario social extraordinario «se pueda convertir en una renta mínima vital estable y duradera», que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un «derecho subjetivo a la protección y garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital».
Además, ha defendido que sea accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para poder tener una vida digna.
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