Hasta ahora, muchas pequeñas empresas necesitaban un aval para acceder a la financiación y recurrían a las sociedades de garantía recíproca (SGR) de las distintas comunidades autónomas, que se encargaban de aportarlo y asumir parte del riesgo de la operación.
Las SGR cuentan con cierto músculo financiero gracias a que tienen a su vez apoyo por parte del Estado, a través de Cersa, la Compañía Española de Reafianzamiento Sociedad Anónima, que actúa de cabecera y les concede un reaval de sus operaciones.
Pero el Gobierno ha decidido reforzar el reaval de Cersa, con el fin de aumentar la propia capacidad de aval de las sociedades de garantía recíproca autonómicas, entre ellas algunas tan potentes como Avalmadrid, la catalana Avalis o Iberaval, de Castilla y León.
A falta de conocer los detalles de la medida, que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros, la idea es que las SGR cuenten con una línea especial de apoyo de Cersa, que mejora las condiciones del reaval.
Desde el sector apuntan que podría suponer una cobertura del 75 % a todas las operaciones de garantía para financiación de las empresas afectadas por la crisis, a plazos de 2 años o superiores.
Además, se establecerá que podrán beneficiarse de los avales los pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija, tanto del mercado AIAF como del MARF, fomentando el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales y no sólo a través de los canales bancarios tradicionales.
Estas iniciativas se suman a las medidas ya adoptadas para ayudar a las pymes, el 99,8 % del tejido productivo de España, con un total de 2,8 millones de empresas con menos de 250 empleados, que dan trabajo a más de 10,5 millones de trabajadores.
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