Durante su comparecencia este martes en el Congreso, la ministra ha explicado que en una primera etapa, posterior a la vigencia del estado de alarma, todavía serán necesarias medidas de excepcionalidad, como los ERTE por fuerza mayor que «seguirán teniendo gran relevancia por lo cual deberá mantenerse transitoriamente el mecanismo de apoyo establecido durante la etapa de crisis sanitaria aguda».
La duración exacta de la prolongación de esta medida y su aplicación por sectores está siendo debatida en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, según han explicado fuentes del Ministerio de Trabajo.
La ministra ha añadido que después los ERTE evolucionarán para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, que serán fundamentalmente por causa económica, técnica, organizativa o de producción, y que también evolucionarán los mecanismos de exención o reducción de cotizaciones a la seguridad social y la protección de desempleo durante el ERTE de acuerdo a estas nuevas situaciones.
Además, ha señalado que la figura del permiso retribuido recuperable podría volver a ser posible si es pactada entre empresa y trabajador en la primera fase de vuelta a la normalidad laboral pero en situación de excepcionalidad.
Díaz ha explicado que de cara a la recuperación se han delimitado dos etapas: una de excepcionalidad atenuada y otra de normalidad atenuada.
En este sentido ha dicho que la figura del permiso retribuido recuperable puede mantenerse como una posibilidad, «que se podrá utilizar si hay acuerdo entre la empresa y los representantes» y ha incidido en que puede formar parte de las negociaciones frente a un ERTE para su habilitación a tiempo parcial (una reducción de jornada recuperable).
«El hecho de que sea negociado permite evitar su imposición por la parte empresarial. Y puede servir para justificar la subsidiariedad, e incluso para acceder a exenciones o reducciones», ha señalado.
Díaz que ha defendido la importancia de unos servicios públicos «que nos arropan en la adversidad» ha pedido a los partidos políticos hacer una «defensa colectiva» de ellos y cerrar un gran Acuerdo contra la Precariedad.
«No podemos permitir que esta crisis acentúe las desigualdades ya existentes en nuestro mercado laboral», le ha argumentado.
En cuanto al programa Mecuida, puesto en marcha para poder conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos por el cierre de los colegios, Díaz ha señalado que se mantendrá más allá del estado de alarma y que en la siguiente etapa se reformulará su contenido para consolidarlo en el ordenamiento jurídico.
«Se planteará una figura intermedia entre el Mecuida y el actual art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, para generar un derecho de adaptación del tiempo de trabajo a las personas con necesidades de cuidado», ha señalado.
Asimismo, ha valorado que el teletrabajo haya llegado para «quedarse» y ha destacado que se trata de una figura laboral que convendría potenciar y revisar para adaptarlo, por ejemplo, a los sistemas de registro horario.
Ha puntualizado que la situación de aislamiento ha puesto de manifiesto que deben existir sistemas fiables y homologados de teletrabajo que aseguren el cumplimiento de la prevención de riesgos y de la jornada laboral.
Díaz ha asegurado que las medidas laborales puestas en marcha hasta ahora está siendo eficaces, que en abril ya se ve una cierta estabilización en el empleo y que el Ministerio trabaja «intensamente» con patronal y sindicatos para acordar cómo enfrentar las sucesivas fases.
Además, ha dicho que la utilización de la cuota de formación de las CCAA para afrontar el COVID-19 no ha afectado al resto de políticas activas de empleo y no ha impedido seguir transfiriendo a las autonomías una importante suma para que desarrollen, con flexibilidad en la asignación de recursos, sus propias políticas.
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