Tras la reunión de Sánchez con los máximos responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT -el primer encuentro a este nivel desde que se declaró la alarma por el coronavirus-, La Moncloa solo ha informado de que las tres partes apoyan la creación de un espacio de diálogo social para hablar de la recuperación económica.
CEOE y Cepyme han trasladado al presidente que para los empresarios es «fundamental y urgente la prolongación y flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)».
«Los ERTE en este momento no son una cuestión laboral, sino una cuestión de Estado que tiene que facilitar la transición de la economía para salvar el empleo», ha asegurado la patronal en su cuenta de Twitter.
En declaraciones a Onda Cero, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que «la clave para salvar al país» pasa por mantener los ERTE.
Tras la reunión el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró necesario continuar facilitando los ERTE, «un gran instrumento que no puede quedar a medio camino», sino que ha de mantenerse en el proceso de desescalada permitiendo la incorporación de trabajadores «en el momento que sea necesario», manteniendo así empresas y puestos de trabajo.
En la misma línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, pidió que en los denominados «acuerdos para la reconstrucción» se siga avanzando en prestaciones y medidas para proteger el empleo y las empresas.
El Ministerio de Trabajo ya ha avanzado que durante un tiempo, tras el levantamiento del estado de alarma, los ERTE mantendrán exoneradas o reducidas las cuotas sociales y los trabajadores afectados cobrarán el desempleo, aunque falta por ver durante cuánto tiempo y qué sectores se podrán seguir beneficiando de esta medida.
De momento, los ERTE por fuerza mayor -en los que la plantilla afectada se mantiene de alta en la Seguridad Social- están exonerados del 100 % de las cuotas sociales si tienen menos de 50 trabajadores y del 75 % si emplean a más de 50, mientras que los trabajadores están protegidos por desempleo aunque no hayan cotizado lo suficiente.
Asimismo, los sindicatos han insistido ante el Gobierno en la necesidad de poner en marcha cuanto antes un ingreso mínimo vital para que «nadie se quede atrás», y aclarar qué ha ocurrido en las residencias de ancianos y cómo han afrontado esta crisis los servicios sanitarios.
«Queremos una auditoría que dé luz, acabe con las interpretaciones interesadas que estamos viendo y podamos ver de dónde venimos y cuáles son las bases que tenemos que tener en futuro», ha añadido Álvarez.
Sordo también ha exigido un «análisis severo» de cómo se ha respondido a esta pandemia, especialmente en servicios sanitarios y asistenciales que, a su juicio, deben fortalecerse.
Ambos han trasladado también al presidente del Gobierno la necesidad de alcanzar un acuerdo de país que también se extienda a la Unión Europea (UE), «que se convierta en espacio económico y social», y ha considerado «fundamental» lograr una alianza para ello con Italia y Francia.
Los recursos de la UE, han coincidido, deben destinarse a un cambio de modelo productivo.
En paralelo al diálogo social, cuya mesa se reúne semanalmente en encuentros encabezados por la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, patronal y sindicatos también negocian una postura común para abordar la fase de reactivación, que incluiría un plan de impulso para sectores relevantes, como el turismo, que van a tardar más en recuperar la normalidad.
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