Son las nuevas previsiones incluidas en el Programa de Estabilidad 2020-2021 remitido anoche a Bruselas y que este viernes han presentado en rueda de prensa la vicepresidenta para asuntos económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La contracción económica será consecuencia del desplome del consumo de los hogares (8,8 %) y del hundimiento de la inversión (25,5 %) y las exportaciones (27,1 %), ha explicado Calviño, que ha afirmado que la economía tocará fondo en el segundo trimestre del año y se recuperará en forma de «V asimétrica», lo que llevará a un rebote del PIB del 6,8 % en 2021.
El año que viene se espera que el consumo de los hogares se recupere un 4,7 %, que la inversión rebote el 16,7 % y que las exportaciones crezcan el 11,6 %, mientras que las importaciones se recuperarán un 9,3 %, en coherencia con el aumento del consumo y la inversión nacional.
El empleo avanzaría el 5,7 %, lo que permitiría disminuir la tasa de paro casi dos puntos, al 17,2 %.
El impacto sobre las cuentas públicas también será significativo este año, dado que las medidas puestas en marcha para paliar la crisis provocarán un aumento en 2020 del gasto público del 10,5 %, hasta 576.714 millones de euros, mientras que los ingresos caerán un 5,3 %, hasta 461.043 millones.
Ello provocará el mayor déficit público registrado desde el cierre de 2012, cuando llegó al 10,7 % del PIB, ha destacado Montero, que ha dicho que el Gobierno no está en condiciones aún de saber cuánto podrá bajar el déficit en 2021, una estimación que deja para el proyecto presupuestario del año próximo que se presentará «en tiempo y forma», lo que será antes de que acabe septiembre.
Para financiar el déficit será necesario un mayor endeudamiento, lo que llevará a la deuda pública a alcanzar en 2020 un máximo histórico en el 115,5 % del PIB.
En 2020 todas las figuras impositivas verán disminuida su recaudación, con caídas del 2,4 % para el IRPF, del 8,7 % para el impuesto de sociedades, del 5,2 % para el IVA, del 6,7 % para los impuestos especiales, del 37,9 % para el impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del 5,75 % para las cotizaciones.
Montero ha descartado subidas de impuestos para paliar la merma de los recursos públicos, ya que la estrategia de recuperación pasa por proteger la renta de los ciudadanos para que crezca de nuevo el consumo en cuanto se vaya recuperando la normalidad.
Ha dicho, no obstante, que se tratará de acelerar la tramitación parlamentaria de los impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras, aunque ha considerado que solo el digital podría entrar en vigor antes de que termine el año, en el ultimo trimestre.
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