Sin embargo, el grupo parlamentario JxCAT ha vuelto a registrar este jueves la misma proposición de Ley pero cambiando la entrada en vigor de las modificaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA), que sería en enero de 2021.
El 18 de febrero la formación independentista catalana registró en el Congreso esta proposición de ley que contempla sancionar la morosidad en las operaciones comerciales, con multas de entre 6.000 euros hasta un millón de euros, para las empresas que se retrasen en pagar las facturas a sus proveedores y para que se cumpla el plazo de pago legal de 60 días entre empresas y de 30 días para las Administraciones Púbicas.
Sin embargo, la propuesta de Ley contemplaba un cambio en la Ley del IVA, concretamente para que los empresarios puedan reducir de su base imponible el IVA anticipado por facturas que finalmente resulten total o parcialmente incobrables.
La propuesta también reduce el tiempo que ha de transcurrir para que una factura no abonada en fecha adquiera dicha condición de incobrable, establecido actualmente en seis meses.
El Ejecutivo estima que estas medidas suponen una minoración del IVA devengado para el empresario o profesional que realiza la rectificación, y el nacimiento de una deuda con la Hacienda Pública que supondría en primer término una reducción de ingresos para las arcas del Estado.
La estimación de la reducción de recaudación en 2020 si se admitieran como incobrables las deudas con un retraso de 1 mes desde el vencimiento sería de 9.639 millones de euros, señala el texto del veto.
El Gobierno argumenta, además, que «pese a lo abultado de la cifra, el escenario actual tras la crisis del COVID-19 con toda seguridad agravaría las posibilidades de facturar y cobrar en el plazo de un mes».
El Ejecutivo señala en su veto que la iniciativa flexibiliza el control de estas modificaciones del IVA, hecho que tiene gran trascendencia puesto que es imprescindible verificar que la recuperación del IVA devengado no cobrado por el acreedor es efectivamente corregida también por el destinatario.
La norma actual exige reclamación judicial o requerimiento notarial al deudor para la modificación de la base imponible por créditos incobrables y la propuesta propone sustituir la reclamación por haber instado fehacientemente el cobro.
El portavoz económico de JxCAT en el Congreso Ferran Bel que ha vuelto a registrar la proposición de Ley ha pedido al Ejecutivo que «rectifique para que se tramite una ley que se hace imprescindible para dotar de liquidez a las empresas y pymes».
No obstante, la nueva proposición insta a que la entrada en vigor de las modificaciones del IVA sea en enero de 2021.
Bel ha recordado que otros aspectos que recoge la iniciativa son la creación de un observatorio de la morosidad y la modificación de la ley de ordenación del comercio minorista, con la finalidad de limitar los plazos de pago mediante pacto.
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