El registro, obligatorio desde el 12 de mayo de 2019, está ya implantado en gran parte del tejido empresarial español, aunque persisten dudas, procesos de negociación abiertos y algunas dificultades, según las distintas fuentes consultadas.
«La polémica de sus inicios ha devenido en una aceptación mayoritaria por las empresas y por los trabajadores», apunta a Efe la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala), Ana Gómez, que hace un balance positivo de la medida.
El objetivo defendido por el Gobierno para esta medida era poner coto a las horas extra no pagadas o fraudulentas que encubren jornadas completas, pero también controlar el absentismo laboral.
En España, más de 887.500 trabajadores realizan un total de 6,7 millones de horas extra a la semana, de las que más de 3,1 millones (efectuadas por más de 289.000 empleados) no son cobradas ni cotizadas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al primer trimestre del año.
No obstante, mientras que en el último año ha aumentado el número de trabajadores que realizan horas extra (20 % más), el de aquellos que no perciben nada ni cotizan por ello ha disminuido (10 % menos).
Por actividades, el sector de la educación es el que aglutina la mayor cuantía de trabajadores (un total de 47.800) que efectúan horas extra gratis (410.300 horas semanales), seguido por el comercio (39.800 trabajadores que hacen 457.300 horas extra gratis).
Pero su primer aniversario ha coincidido con una realidad laboral totalmente alterada por la pandemia del COVID-19 que ha extendido el teletrabajo en un país donde apenas se optaba por esta opción.
Por parte del sector empresarial señalaron desde el inicio su rechazo a implantar una medida así por ley, y no en el marco de la negociación colectiva, y de las dificultades para muchos sectores, así como para las empresas más pequeñas.
Así, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, apuntó, días después de su entrada en vigor, de las dificultades para ponerlo en marcha, sobre todo en función de variables como «la flexibilidad, la conciliación familiar o el teletrabajo».
Pero la realidad ha obligado a cambiar puntos de vista y a remover obstáculos, tal y como señala el líder de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista con Efe, en la que destaca que «el registro horario encaja ahora mejor que nunca, si alguna cosa tiene sentido es su implantación».
«Se está demostrando la importancia que tenía, cuando lo defendimos se nos acusó de decimonónicos porque queríamos ir poco a menos que a fichar con la tarjetita», coincide el líder de CCOO, Unai Sordo.
También coinciden en señalar lo fácil que es hacer ese registro de forma digital y en la urgencia de hacer una buena regulación del teletrabajo ante el riesgo, entre otros, de que el tiempo de trabajo «acabe colonizando» toda la vida de las personas.
En ese sentido, la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, recuerda que en el trabajo a distancia solo cambia el lugar, pero todos los derechos siguen intactos: descanso entre jornadas, semanal o derecho a la desconexión digital.
Reconoce que con el teletrabajo la Inspección se encuentra el obstáculo de la inviolabilidad del domicilio, pero recuerda que los propios trabajadores pueden denunciar el alargamiento de jornada y reclamar su derecho a la desconexión digital, algo sencillo de comprobar.
De cara al futuro, «se ha vuelto especialmente relevante el derecho a la desconexión digital con un horario que se respete como si estuvieras en la oficina», subraya a Efe el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Daniel Toscani, que apunta que se siguen haciendo muchas horas «en b».
«Vamos a pedir que se legisle sobre el teletrabajo, una norma de carácter general que tiene que estar después amparada en acuerdos en los convenios colectivos para que las empresas soporten los gastos consustanciales a esa situación, que tengamos claramente situado el control horario o la desconexión digital y que permita que los empresarios paguen incluso parte del coste del inmueble si no van a necesitar oficina», avanzaba a Efe Pepe Álvarez.
Estrella Digital