Según informa este miércoles el Ministerio de Defensa, la ministra Margarita Robles ha firmado un compromiso que autoriza a constituir esta sociedad a los solos efectos de ejecutar este programa armamentístico para el Ejército de Tierra, que busca sustituir a los obsoletos BMR y creará 1.650 puestos de trabajo en España.
Y lo ha hecho en base al artículo 346 del Tratado de la Unión Europea, que permite a los estados «adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra».
Las empresas que constituyen la sociedad, con un capital mayormente español, son Santa Bárbara Sistemas S.A. (adjudicataria en un principio pero que fue finalmente rechazada por Defensa al no cumplir sus compromisos contractuales), Indra Sistemas S.A., Sapa Placencia S.L. y Escribano Mechanical & Engineering S.L.
Tras esta firma, explica Defensa, comienza un período de licitación con la intención de que dicho contrato pueda firmarse durante el tercer trimestre de 2020.
Y apunta que la propuesta de estas empresas satisface las necesidades del Ejército de Tierra, al permitir retener la autoridad de diseño en España y favorecer una alta participación de la industria nacional en un porcentaje «no inferior al 70 %».
«El plan industrial de este programa va a tener efectos muy positivos en la economía nacional, con especial incidencia en Asturias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid, donde se prevé la creación de 650 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos», indica el Ministerio.
Esta solución, añade, garantiza al Ejército de Tierra mantener el proyecto de carro blindado sobre ruedas «Dragón» que se venía desarrollando, aunque se incorporarán mejoras al vehículo. Y garantiza «una carga importante de trabajo para la industria nacional durante todo su ciclo de vida, que no será inferior a 40 años».
La idea es que los VCR 8×8 desarrollados en España sustituyan a los BMR, que fueron retirados de determinadas operaciones internacionales por sus deficiencias y carencias de seguridad.
El contrato se adjudicó en principio a Santa Bárbara por un procedimiento sin publicidad amparándose en una excepción legal para lo que afectan a la seguridad nacional, pero Defensa no admitió la oferta de esta empresa y ha declarado desierto el contrato.
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