sábado, noviembre 23, 2024
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El Gobierno autoriza a Canarias, País Vasco y Navarra a gastar su superávit

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Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al dar cuenta de los criterios fijados por el Consejo de Ministros para repartir entre las autonomías los 16.000 millones del Fondo Covid-19.

Canarias terminó el pasado ejercicio con 321 millones de superávit, equivalentes al 0,68 por ciento de su producto interior bruto (PIB), unos remanentes que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligaba hasta ahora a destinar, básicamente, a amortizar deuda.

En la anterior legislatura, el entonces presidente, Fernando Clavijo (CC), reclamó varias veces que le dejaran emplear esos fondos en reforzar los servicios públicos esenciales, porque no veía sentido a destinarlos de forma recurrente a amortizar deuda siendo las islas la comunidad menos endeudada por habitante de toda España.

El Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) recogió esa misma reivindicación casi desde sus primeros días de mandato y la intensificado.

Navarra, por su parte, cerró 2019 cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria, con un superávit de 101 millones de euros, el 0,5 % del PIB, y una deuda del 15,5 % del PIB, por debajo del límite fijado en el 17,1 %, según los datos facilitados en marzo por la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.

En concreto, el endeudamiento se ha situado en 3.297 millones de euros y de nuevo se ha logrado reducir deuda con respecto al año anterior, concretamente en 148 millones. Además, fruto de las negociaciones con las entidades financieras y de la cancelación anticipada de préstamos se ha conseguido un ahorro en gastos financieros de 38 millones de euros.

El País Vasco logró el pasado año un superávit del 0,44 por ciento del producto interior bruto (PIB), lo que equivale a 328 millones de euros.

La reivindicación de poder gastar el superávit también la ha planteado la Federación Española de Municipios y Provincias para los ayuntamientos con cuentas saneadas y ha formado parte de las negociaciones entre partidos para conformar las mayorías que permitieron prorrogar en el Congreso el estado de alarma. 

 

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