Según recoge el portal de transparencia del Congreso, la facturación por este concepto entre el 1 de abril y el 30 de junio fue de 253.721 euros, la menor en cinco años. El 1 de enero de 2015 comenzó la serie.
Aunque hubo sesiones plenarias casi todas las semanas y las de las comisiones se reanudaron a mediados de abril, la asistencia de los parlamentarios ha estado limitada desde entonces, en prevención del riesgo contagio.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los portavoces de los grupos convinieron en que había que fijar un porcentaje de asistencia a los plenos precisamente por seguridad sanitaria: primero fue del 10 por ciento sobre el total de escaños y luego, del 15.
El pasado periodo de sesiones (enero-junio) fue anómalo por la pandemia.
El 12 de marzo se congeló la actividad parlamentaria y los plazos de los trámites legislativos y administrativos se suspendieron, así como los calendarios de los plenos y de las comisiones.
Los departamentos médico y de recursos humanos del Congreso, a su vez, aconsejaron reducir la asistencia lo máximo posible.
Como hubo varios plenos y los diputados tuvieron que votar las prórrogas del estado de alarma, la presidenta del Congreso generalizó el voto telemático.
A las primeras sesiones plenarias de este periodo (marzo-abril) apenas fueron 40 diputados; la afluencia aumentó posteriormente.
Todo ello provocó que el gasto que el Congreso dedica a las indemnizaciones de los diputados para que vayan a la Cámara y cumplan con sus derechos y deberes menguara considerablemente.
Hasta el periodo de facturación abril-junio de 2020, el gasto más bajo se registró entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019, en coincidencia con la disolución de las Cortes que ocasionó la convocatoria de elecciones para el 28 de abril.
La segunda facturación más baja se registró durante otro periodo electoral: entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2015, con los comicios del 20D en medio, la cifra se quedó cerca de los 608.000 euros.
Las últimas elecciones generales, las del 10 de noviembre pasado, propició la tercera facturación más baja: más de 632.000 euros.
Sin embargo, ningún volumen de facturación, en el que se incluyen los gastos de cancelación, de gestión y de billetes emitidos que no fueron usados, ha sido tan magro como el derivado de la pandemia.
Uno de los derechos del diputado es la asignación de una serie de ayudas para que pueda cubrir los gastos que le causen ir al Congreso (en avión, barco, tren o autobús) y alojarse en Madrid las semanas en las que hay pleno.
Están reguladas en el régimen económico de la Cámara y en una resolución de la Presidencia de noviembre de 2014, que es la que establece la obligatoriedad de que se publiquen en la web.
De acuerdo con dichas normas, los diputados de fuera de Madrid recibirán unos 1.959 euros y los de Madrid, unos 935, si bien el Congreso asume más conceptos, como el desplazamiento en coche propio, en cuyo caso se abonará la cuantía resultante de multiplicar el número de kilómetros por 0,25 euros, o el uso del taxi, para lo que entrega una tarjeta con 3.000 euros a gastar en un año.
Al tratarse de dinero público, dichas partidas están supervisadas en coordinación con las direcciones de los grupos parlamentarios.
Se distinguen tres tipos de viajes: los parlamentarios (del lugar de residencia al Congreso y vuelta); los políticos (cuando el diputado va una circunscripción distinta de la suya para participar en actos institucionales, políticos o sectoriales); y los oficiales (cuando el viaje es en representación del Congreso).
Todos ellos cayeron a mínimos durante abril, mayo y junio de este año como consecuencia de la restricción de movimientos. De hecho, no hubo viajes oficiales.
Estrella Digital