Durante su intervención en la comisión del Pacto de Toledo, Escrivá ha explicado que este porcentaje refleja el descenso de ingresos por el impacto del COVID-19 así como el menor denominador sobre el que se calcula, es decir un PIB inferior para este 2020.
Escrivá ha insistido en que la pandemia «no altera el diagnóstico» que el Gobierno tenía sobre la situación del sistema de pensiones y ha señalado que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social «es transitorio».
Y en un contexto de incertidumbre, ha animado al Pacto de Toledo, a llegar a acuerdos lo antes posible que «garanticen la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones» con el consenso de «mantener el poder adquisitivo».
En su presentación, también ha apuntado que el déficit para 2023 sería del 1,4 % del PIB, 20.185 millones.
Unas cifras, ha reiterado Escrivá, que reflejan en gran medida «gastos indiscutiblemente impropios» que, financiados de forma adecuada, permitirían eliminar ese déficit.
Así, ha detallado que estos gastos impropios ascenderán en 2023 a 22.871 millones de euros (el 1,6 % del PIB), ya que el sistema financia políticas no contributivas (11.305 millones), la prestación por nacimiento (2.953), reducciones en las cotizaciones como la «tarifa plana» (1.818), complemento por maternidad (1.082) y subvenciones de regímenes (1.014).
Esta necesaria separación de fuentes es una de las líneas de actuación que Escrivá ha vuelto a defender en el Pacto de Toledo, junto la necesidad de aumentar la edad efectiva de jubilación, acercándola más a la edad legal, revisar el sistema de previsión social complementaria.
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