Entre esas reformas, ha explicado el portavoz, Javier Bas, proponen dotar de mecanismos a las comunidades para que no tengan que abonar las liquidaciones negativas en 2022 y 2023 de los años 2020 y 2021, cuando se calculen definitivamente las cuentas.
La iniciativa pide que se respete y garantice la autonomía de las comunidades para establecer su política fiscal y tributaria, así como la no discriminación en el reparto de los fondos europeos. Bas ha recordado que el actual sistema lleva caducado seis años y recibido críticas de las comunidades y que si la reformar era necesaria, ahora, con la pandemia es «imprescindible».
El nuevo modelo, ha agregado, debe dar respuesta, entre otras cuestiones, a los problemas de insularidad, envejecimiento y dispersión del territorio y tenerlos en cuenta para la prestación de los servicios.
Al texto se han presentado varias enmiendas y Néstor Rego, del grupo Plural, ha propuesto para Galicia un concierto económico similar al vasco. Joan Baldoví, de Compromís, se ha alegrado que el PP se suma a los partidos que piden la reforma, pero le ha recordado que ha estado muchos años en el Gobierno para llevarla a cabo. En sus enmiendas, pide que la reforma se aborde de inmediato y que, hasta que salga adelante, se apruebe un fondo para las comunidades que están por debajo de la media en financiación, así como estudiar la deuda que ello ha generado y combatir el dumping fiscal entre las autonomías.
Por Unidas Podemos, Txema Guijarro ha defendido las medidas del Gobierno para ayudarlas, como la suspensión de las reglas fiscales, los 16.000 millones aportados para la crisis derivada de la pandemia, el aumento del 7,7 por ciento de la financiación para este año o los 146.000 millones comprometidos para 2021. Su enmienda defiende establecer un suelo mínimo de ingresos y reestructurar la deuda con el FLA.
Por el PSOE, Patricia Blanquer ha afeado al PP su «aparente interés» por la reforma de la financiación, «a la que siempre han dado la espalda», pues no lo revisaron en los mejores momentos de la economía, al tiempo que le ha recordado que han votado en contra de todas las medidas para ayudar a las comunidades, como los Presupuestos. Les ha acusado de competir «de manera desleal» con los impuestos donde gobiernan, «enfrentando a los territorios», y ha precisado que si a las comunidades les salen liquidaciones negativas en los próximos años, el Gobierno adoptará medidas, lo que se recoge en una enmienda de sustitución.
En el turno de fijación de posiciones, por el grupo Mixto, José María Mazón, ha pedido que la reforma mantenga el mantenimiento del mínimo actual que tienen de ingresos y Ana Oramas ha dicho que coincidía con la iniciativa del PP en un reparto justo de los fondos europeos y en el respeto a las decisiones de fiscalidad de las autonomías. Carmen Martínez, de Ciudadanos, ha criticado que el PP haya desaprovechado sus años de gobierno, cuando es urgente la reforma de la financiación y que se respete la libertad de las comunidades y ha expresado temor por las «concesiones al separatismo» que se puedan hacer en las negociaciones.
Desde Vox, José María Figaredo ha pedido que esa reforma se haga «a la baja, hasta su completa desaparición», ya que las comunidades «derrochan y gastan y están subvencionadas más que de sobra» y lo «gastan en cuestiones absolutamente innecesarias, solo en beneficios de los políticos».
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