Así lo han explicado este jueves representantes del despacho de abogados de Cremades & Calvo-Sotelo, tras presentar ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio un paquete de cien reclamaciones administrativas.
«Iniciamos el camino hasta el Supremo; por el momento hemos presentado 100 reclamaciones y seguiremos presentando más en los próximos días y semanas en bloques de 100 o 200», ha explicado el socio del despacho Diego Solana en declaraciones a los periodistas.
El abogado ha detallado que, antes de interponer una demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, la normativa exige presentar antes una reclamación ante la Administración.
«Ahora mismo agrupamos a más de mil hosteleros (…), pero cada día se suma más gente», ha señalado Solana, tras apuntar que por ese motivo la cifra exigida por daños y perjuicios también se incrementará previsiblemente.
La cuantía corresponde a la diferencia entre la facturación de los hosteleros en 2020 respecto a una media con los ingresos de los tres ejercicios anteriores.
Preguntado sobre si el proceso será largo, el socio de Cremades & Calvo Sotelo ha resaltado que «no necesariamente», ya que en su opinión el escenario ideal sería «llegar a algún tipo de acuerdo» con el Ejecutivo.
«En lugar de esperar a la sentencia del Supremo, el Gobierno podría conceder ayudas públicas como están dando otros países de la Unión Europea (UE) para que los hosteleros puedan sobrevivir a esta crisis y ser un motor de la recuperación económica», ha insistido.
La base jurídica en la que se sustenta su argumentación se encuentra en la ley que regula el Estado de Alarma, que dispone que las personas afectadas por las actuaciones administrativas dictadas en ese período «tienen derecho a ser indemnizadas».
Solana ha asegurado que del millar de hosteleros que representa por el momento «muchos ya están cerrados y otros intentan sobrevivir».
Se trata de un grupo «heterogéneo» en el que hay desde pequeños bares y cafeterías hasta grandes marcas y multinacionales del sector de la restauración de zonas como Zamora, Madrid, Andalucía o Castilla, según ha precisado.
También ha tomado la palabra en representación de los afectados la dueña y chef del restaurante madrileño Étimo, Begoña Fraire, quien ha advertido del mal arranque de 2021 y del riesgo que existe de que los cierres continúen aumentando.
«Vamos a ir a los tribunales para pedir por esas pérdidas que sufrimos desde el Estado de Alarma. Hay mucha gente que cierra y otros están heridos de gravedad y no van a aguantar más de dos meses», ha afirmado.
En su caso, la facturación de su establecimiento ha bajado un 70 % respecto al mismo período del año anterior, por lo que se centra en «sobrevivir con malabarismos y tirando muchas veces de fondos propios para poder seguir con el negocio».
«Nos prohíben trabajar, pero no nos han quitado ningún pago. No nos han ayudado con los arrendadores ni tampoco con los pagos a Hacienda o la Seguridad Social», ha lamentado. EFE
N.G.