En la segunda jornada de la Reunión del Cercle d’Economia, que se celebra desde ayer en Barcelona, la vicepresidenta ha subrayado que, aunque «la mayor parte de las empresas no acude a fórmulas basadas en la precariedad», «un porcentaje elevado sí» lo hace.
Por ello, la titular de Trabajo se ha dirigido a este foro empresarial para trasladar un mensaje a los asistentes: «Ustedes son muy importantes. Tiene que haber un pacto por la industria, pero también un pacto por la precariedad en nuestro país, que es vergonzante, y por el empleo de los jóvenes».
En esta línea, la ministra ha explicado que España tiene un contrato de formación «muy semejante al alemán», pero que solo se han formalizado 8.000 contratos de ese tipo, un dato que ha dicho que le parece «vergonzante».
«Tenemos una pluralidad de posibilidades de contratar a jóvenes que hacen innecesario que las empresas vayan a estas modalidades contractuales sanas», ha lamentado la vicepresidenta, que ha censurado prácticas contrarias a las «lógicas económicas», como dar de baja de la Seguridad Social a un trabajador un viernes para volverlo a dar de alta un lunes.
«¿Por qué hacen esto, si es antieconómico para ellos? Existe una cultura grabada a fuego en el país que se impone incluso a las lógicas económicas», ha agregado.
La sesión de debate en la que ha participado la vicepresidenta ha reunido también al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y al secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y a pesar de la cordialidad que ha presidido todo el debate, el líder patronal ha aprovechado para poner en contexto las menciones a la precariedad hechas por la vicepresidenta.
De entrada, Garamendi ha querido subrayar que «la mayoría» de los empresarios «lo hacen bien». «La gente a la que yo represento lo intentamos hacer bien», ha insistido, y ha explicado que se suele centrar el foco en la iniciativa privada, donde el 25 % de los contratos son temporales, cuando en el caso de las administraciones públicas este porcentaje se sitúa en el 34 %.
«Siempre somos los malos de la película y tan malos parece que no debemos serlo», ha dicho Garamendi, que ha reconocido, eso sí, que hay margen para mejorar la tasa de temporalidad en España.
También ha recordado que en España han fallado tradicionalmente, no solo con este Gobierno, las políticas activas de empleo y que el SEPE coloca solamente al 1,5 % de la gente. «Nos gastamos miles de millones en políticas que no funcionan. Necesitamos otros sistemas», ha apuntado.
Más allá de estas diferentes visiones del mercado laboral, Díaz, Garamendi y Álvarez han coincidido en que España necesita cambiar su modelo productivo para lograr que la industria tenga un mayor peso y en mejorar la formación, entre otras cuestiones.
En esta línea, Garamendi ha subrayado que al menos el 20 % del PIB del país debería corresponder a la industria, que es un sector que genera «empleos dignos y estables», pero también supone un «empuje y un arrastre muy importante» de la economía.
Ha comentado, a este respecto, que antes de la crisis de la covid-19 las comunidades españolas con porcentajes del PIB industrial superiores al 20 % presentaban una tasa de paro de menos del 10 %, como es el caso de Navarra o el País Vasco. «Por ahí tiene que ir el camino», ha dicho.
La vicepresidenta ha defendido la conveniencia de usar los fondos europeos para «reindustrializar» España «de manera sostenible», lograr que las pymes españolas tengan un mayor tamaño, así como aumentar la inversión en I+D+i.
Garamendi ha coincidido en parte del diagnóstico con la ministra, y aunque ha resaltado la importancia del sector turístico en España, también ha apuntado que este sector tendrá que «hacer ciertos deberes» para ponerse al día en materia de competitividad.
Pepe Álvarez, por su parte, ha alertado que «el debate sobre la productividad se puede convertir en un mantra si no entramos en el fondo», por lo que «sería bueno» empezar a abordar esta cuestión, para lo que ha planteado la elaboración de un «plan estratégico por la industria que vaya más allá de una legislatura e incorpore al conjunto de las fuerzas políticas».
La ministra Díaz ha reconocido que hay que cambiar las normas actuales del mercado de trabajo, pero ha recordado que España lleva ya 52 reformas laborales, todas en la misma dirección, y que sigue adoleciendo de los mismos problemas.
Por ello, ha defendido una reforma estructural que garantice la estabilidad del empleo, algo que «nunca» se ha hecho en España, y que ponga el foco en la formación.
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