Con el propósito de «dar un empleo digno» a los jóvenes y reducir el paro, el Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de Formación Profesional (FP), que abre pasarelas con estudios universitarios, facilita a estudiantes y trabajadores la formación continua a lo largo de su vida y más prácticas en empresas.
Se trata de «un proyecto de ley de país, transformador, modernizador y que va a mejorar la vida de muchas personas», según la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien ha asegurado que la FP dará una oportunidad a una nueva generación de jóvenes para tener un empleo digno y permitirá reducir la tasa de paro, sobre todo el juvenil, que ha cifrado en el 35 %».
Así lo ha dicho al término del Consejo de Ministros de este martes, en el que se ha aprobado el nuevo texto «tras 19 reuniones de debate intenso y de escucha activa con todos los protagonistas vinculados». Un diálogo y consenso que Alegría espera que se refleje en el Congreso de los Diputados durante la tramitación parlamentaria del texto, que comenzará en las próximas semanas.
«Tenemos una oportunidad de país que no podemos desaprovechar […] porque es un proyecto que nos europeíza y nos acerca y equilibra con los mejores modelos europeos», ha enfatizado la ministra, quien ha destacado que la futura ley nace con una memoria económica de 5.474 millones de euros, de los que 1.550 provienen de los fondos de recuperación y resiliencia europeos.
El proyecto contempla desde microformaciones hasta cursos de especialización y está ordenado en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes. En todos ellos los estudiantes tendrán la oportunidad de tener un período de prácticas en empresas.
El Grado A supone la acreditación parcial de competencias; el Grado B -Certificado de Competencia Profesional-; Grado C: Certificado Profesional; Grado D -Ciclos Formativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior)- y Grado E -cursos de especialización (título de especialista y Máster Profesional)-.
La FP general establece un tiempo en la empresa de entre el 25 y el 35 % de la duración total del aprendizaje y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20 % de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.
En cuanto a la Formación Profesional intensiva, la formación en la empresa será superior al 35 % de la duración total, y esta colaborará con el centro de formación en el desarrollo de más del 30 % del currículo.
Además, se establecerá un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral y será remunerado, según la ministra.
Para destacar la importancia de esta ley, Alegría ha destacado que los jóvenes con FP media o superior tienen 6 veces menos de desempleo que el resto y ha vaticinado que «en los próximos años de esta década casi el 50 % de los nuevos empleos van a requerir titulaciones medias o formaciones de técnico superior que es lo que va a proporcionar este modelo».
«Los datos que ya conocemos en la actualidad es que la empleabilidad que aporta la FP es elevadísima y cercana al 90 %», ha subrayado la responsable de Educación.
El nuevo texto también transforma el sistema de acreditación por competencias para reconocer la experiencia profesional de unos 11 millones de trabajadores que no pueden hacerlo en España.
Según la ministra con el anterior modelo (creado en 2009) solo se han podido acreditar las competencias de 300.000 profesionales en 10 años y la nueva Ley permitirá hacerlo a más de 3 millones de personas en los próximos 3 años.
Además, Alegría ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo para poner en marcha 200.000 nuevas plazas de FP en cuatro años, de las que ya se han financiado 120.000 en el curso 2020-2021 y otras 60.000 en el de este año que arranca esta semana.
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