El sector eléctrico ha rechazado las medidas «intervencionistas» presentadas este martes por el Gobierno para rebajar la factura de la luz al considerar que van en contra de las compañías eléctricas, a la vez que las nucleares han vuelto a amenazar con parar su producción si el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto de ley del CO2, como ya hicieron el pasado mes de junio.
El plan presentado por la vicepresidenta Teresa Ribera, que permitirá rebajar la factura en un 22 %, prevé, entre otras actuaciones, un recorte de 2.600 millones de euros sobre los beneficios de las grandes eléctricas, la reforma fiscal de la factura y la creación de subastas de electricidad para comercializadoras independientes y grandes consumidores.
Tras conocer las medidas, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha pedido al Gobierno que busque soluciones «verdaderamente eficaces» que protejan a los consumidores de la tarifa regulada o PVPC, además de volver a señalar al gas como principal responsable del aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista.
La patronal de las eléctricas ha criticado que se castigue de manera injusta al sector, y califica de «desacertada» la actuación para recortar los posibles beneficios extraordinarios que obtienen las centrales de generación hidráulica y nuclear en el mercado eléctrico como consecuencia de los altos precios del gas.
En este sentido, Aelec entiende que la medida tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, y critica que se obligue también a las eléctricas a subastar energía, como ya se hizo en 2007, cuando está demostrado que no sirve para bajar los precios.
Por ello, vuelven a pedir una reformar de la tarifa regulada para evitar la exposición de los consumidores a la volatilidad del mercado, eliminar de la factura aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución y llevar a cabo una reforma fiscal.
Por su parte, el Foro Nuclear, que representa a las centrales nucleares españolas, ha lamentado que el paquete presentado hoy, pese a ser de aplicación temporal, «ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear».
Además, han amenazado con cerrar las centrales nucleares antes de lo acordado si el Ejecutivo sigue adelante con su proyecto de ley del CO2, como ya hicieron el pasado mes de junio, con una medida que pretende minorar los beneficios de centrales eléctricas hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003 para rebajar la factura de la luz.
El sector defiende que el proyecto de ley de CO2 no debería aplicarse sobre la energía nuclear, ya que estas renovaron sus autorizaciones de explotación teniendo en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la Unión Europea, que se creó en 2003, y el precio del CO2 del mercado internacional, y de haber estado en vigor esta ley, no lo habrían hecho.
PODEMOS CELEBRA LAS MEDIDAS Y EL PP LO TACHA DE «PARCHE»
Las medidas presentadas hoy por Ribera han contado con el apoyo de Unidas Podemos, que ha calificado las decisiones de «valientes y contundentes», mientras que el principal partido de la oposición, el PP, ha criticado que las actuaciones presentadas por el Gobierno son «confiscatorias e intervencionistas».
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado que se hayan incluido algunas de sus propuestas en el nuevo paquete de medidas para rebajar la luz, y ha defendido que el Gobierno «ha escuchado a la ciudadanía».
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha calificado las nuevas medidas como «parche», ya que, a su juicio, «no afectan en absoluto a los costes no energéticos que tiene la factura de la luz» y afectan a la seguridad jurídica y a la capacidad de atraer inversión.
AUTÓNOMOS Y UGT PIDEN MÁS MEDIDAS
El sindicato UGT ha valorado las medidas aprobadas por el Gobierno, aunque considera que son «insuficientes» para rebajar el precio de la factura de la luz y ha solicitado poner en marcha un plan de choque «más profundo» con actuaciones «eficaces, ambiciosas y suficientes».
Así, propone ampliar la cobertura del bono social, revisar la fiscalidad en materia de energía y crear una empresa pública de energía que regule el sistema eléctrico, como ocurre en países como Francia o Italia.
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha mostrado su apoyo al Ejecutivo, calificando el nuevo plan como «positivo», ya que manda un mensaje «claro y valiente en favor de las familias, autónomos y pymes frente a los abusos de oligopolio de la grandes eléctricas».
Sin embargo, reclaman que las actuaciones no sean temporales, sino definitivas, y pone sobre la mesa la posibilidad de que la figura de consumidor vulnerable se extienda a la actividad profesional de los trabajadores y trabajadoras autónomas en situación de especial precariedad.
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