Unidas Podemos y otro ochos partidos del bloque parlamentario de izquierdas han registrado en el Congreso la proposición de ley que ha redactado el movimiento de la vivienda, para presionar al PSOE e intentar que acceda a regular el precio del alquiler dentro la negociación de los presupuestos de 2022.
La propuesta, avalada por Más País, Bildu, ERC, CUP, Junts, Compromís, BNG, Coalición Canaria y más de 120 organizaciones sociales -encabezadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, Nadie Sin Hogar- persigue el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo, con el fin de erradicar los desahucios sin alternativa habitacional.
El texto prevé diversos instrumentos para aumentar parque público hasta alcanzar el 20 % de referencia europeo y considera imprescindible la regulación de los alquileres, para no tener que recurrir al sistema de protección social.
Contiene medidas para asegurar las condiciones de habitabilidad y los suministros básicos, y mecanismos de control y sanciones -que va de 3.000 a 900.000 euros- para quien la vulnere.
«Con los apoyos parlamentarios que tenemos, solo la negativa del PSOE impide que el derecho a la vivienda pase a estar protegido con todas las garantías», ha recalcado Lucía Delgado, portavoz de PAH.
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