El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que permitirá al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), elevar su participación actual del 45,9 % en la Sareb más allá del 50 %, en un porcentaje aún por decidir pero que, según fuentes financieras, parece que no será del 100 %.
A finales de marzo de 2021, la oficina estadística europea, Eurostat, decidió incorporar la Sareb dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit, una decisión que hizo que el Gobierno se planteara asumir el control de la compañía.
Entonces se interpretó que el Ejecutivo querría convertirse en el único accionista de la Sareb, nacionalizando la compañía y provocando la salida del resto de accionistas, entre los que se encuentran principalmente bancos y aseguradoras, entre ellos el Santander, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank, Ibercaja Banco y Bankinter, además de Mapfre, Mutua Madrileña, AXA o Generali.
Sin embargo, a día de hoy el Ejecutivo se conforma con tener el control y algunos de los históricos accionistas podrían seguir formando parte del capital de la Sareb para defender sus intereses y no tener que renunciar a los créditos fiscales diferidos generados por su inversión.
Sea cual sea la fórmula que finalmente se decida, el departamento de Nadia Calviño trabaja con la máxima de que no habrá más ayudas públicas y la toma de control de la Sareb debe tener el mínimo coste para el erario público, por lo que previsiblemente se llevará a cabo por un precio simbólico.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos explicado que la reclasificación de la Sareb tras la decisión de Eurostat, así como su situación patrimonial, hacían «imprescindible» modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual, con el objetivo de «adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional».
La aprobación del real decreto-ley permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.
Es decir, el texto abre la puerta a que el Estado aumente su participación en la Sareb a costa de que el resto de accionistas reduzcan su peso en el capital de la sociedad, que el pasado año ingresó unos 2.300 millones de euros, un 60 % más que en 2020, y planea cancelar más de 1.000 millones en deuda.
Actualmente, el FROB es el principal accionista con un 45,9 % de la Sareb, seguido por el Banco Santander, que posee un 22,21 %; CaixaBank, el 12,24 %; Sabadell, el 6,61 %; Kutxabank, el 2,53 %; Ibercaja Banco, el 1,43 % y Bankinter, un 1,37 %, entre otros.
Aunque el Estado se haga con el control de la Sareb, la sociedad dispondrá de un régimen societario específico para que pueda mantener «la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora», si bien, puntualiza el comunicado, le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección.
Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía venía realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios, pero el Gobierno quiere reforzar este compromiso, «en aras de maximizar la utilidad social de estos inmuebles y el impacto positivo de la compañía en la sociedad».
Finalmente, se ajusta el sistema de supervisión a la nueva estructura jurídica de la compañía, si bien se mantiene el régimen de supervisión por parte del Banco de España. EFE
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