Fuentes del INE y del sector energético confirman a EFE que técnicos de uno y otro organismo mantienen «conversaciones» para incluir en la cesta de la compra los precios de este tipo de contratos y no únicamente los de tarifa regulada, como ocurría hasta ahora.
No obstante, existe un escollo: portavoces de las eléctricas señalan que les resulta imposible diferenciar entre los contratos de hogares y los de aquellas pymes que utilicen un domicilio como sede (despachos de abogados, consultas médicas, etc.), mientras que el INE solo puede recoger en el IPC los precios que pagan los consumidores y no las empresas.
Para resolver la ecuación, las compañías del sector han propuesto facilitar los datos de aquellos contratos con una potencia inferior a 10 kilowatios, al entender que la inmensa mayoría corresponden a hogares.
De momento se desconoce si esta fórmula será suficiente para el INE, que debe presentar sus cálculos de inflación ya en base al año 2021 -hasta ahora era 2016- en cuestión de semanas y que en el resto de categorías recogidas en el IPC aplica también el mismo principio de recoger únicamente el precio al consumidor para evitar «intoxicaciones».
Las eléctricas insisten en que los precios son idénticos independientemente de si se trata de un domicilio particular o una pyme, aunque en el caso de tratarse de una empresa el consumo -y por tanto, el gasto- sería probablemente superior al de una familia.
La patronal eléctrica Aelec (que agrupa a EDP, Endesa, Iberdrola y Viesgo) estima que el 60 % de los cerca de 26 millones de contratos de una potencia inferior a 10 kilovatios en España ya corresponden al mercado libre; en esta cifra se incluyen los cerca de 16 millones de hogares registrados en el país, pero también segundas residencias y pequeños comercios.
LA ENERGÍA EXPLICA LA MITAD DE LA INFLACIÓN
La posibilidad de este cambio estadístico cobra relevancia en el contexto actual, con una inflación históricamente elevada: la electricidad tiene un peso en la cesta del IPC próximo al 3 % y sin embargo se ha disparado de tal manera que prácticamente en 2021 fue la responsable de la mitad de toda la inflación.
Economistas consultados por EFE, sin embargo, apuntan que, aunque modificar un componente del IPC tan sensible como la electricidad puede tener su impacto, cuando se procede a hacer revisiones de la serie histórica como este año se procura mantener cierta consistencia, para que los cambios no supongan un corte radical.
Si bien año tras año el INE recalcula el peso de cada categoría en la cesta de la compra, en estas revisiones quinquenales no solo se cambia la ponderación que tiene cada una, sino que además también se vuelve a analizar los establecimientos de donde se toman los precios y se decide la entrada y salida de determinados productos y servicios en función de cómo han cambiado los patrones de consumo.
Por ejemplo, en 2017 se aprobó la inclusión del café monodosis, los juegos de azar y los servicios de música y vídeo en línea (como Spotify o Netflix), mientras que abandonaron la lista la cámara de vídeo, el DVD grabable y el brandy, entre otros.
El INE cuenta con más de 300 personas dedicadas al cálculo del IPC repartidos por sus oficinas de toda España, 200 de ellos de forma exclusiva, con el propósito de monitorizar cerca de 220.000 precios al mes de 479 artículos, a la venta en 29.000 establecimientos distribuidos en 177 municipios por todo el país.
Los productos y servicios se agrupan posteriormente en 219 subclases y no se dan las cifras pormenorizadas de cada artículo, uno de los muchos detalles que forman parte del llamado «secreto estadístico».
En algunos casos, el INE escoge la marca más demandada en cada provincia y monitoriza la evolución de los precios de esa única enseña para determinar el IPC, pero tampoco divulga cuál es la elegida.
También hay precios, como los de la gasolina o la electricidad, que el organismo recibe de forma automática, otros que se averiguan telefónicamente o a través de la web, mientras que en el caso de los productos frescos y los mercados municipales es un técnico del INE el que acude «in situ» al local.
Además, la entidad ha firmado convenios con empresas como Carrefour, El Corte Inglés o Alcampo para disponer de sus datos por vía telemática. EFE
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