Las alegaciones que el Ministerio de Hacienda ha recibido de las distintas comunidades sobre su propuesta inicial para la reforma de la financiación autonómica tratan de conseguir un modelo a la medida de sus circunstancias y necesidades, con el que conseguir cada una los mayores recursos posibles.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, remitió a principios de diciembre a las comunidades autónomas de régimen común y a Ceuta y Melilla su propuesta de cálculo de la ‘población ajustada’, una propuesta inicial de reforma del modelo de financiación que recoge una de las variables esenciales del modelo.
Las reacciones entonces no se hicieron esperar, en general con optimismo en las comunidades del PSOE, con recelo y echando en falta algunos aspectos las del PP y con claras reticencias Cataluña, pero las alegaciones remitidas durante el mes de enero por las autonomías a Hacienda concretan ahora lo que cada una de ellas quiere que el modelo acabe haciendo para atender sus necesidades de financiación.
Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero han indicado a Efe que «todas» las comunidades han enviado ya sus consideraciones al Ministerio y que «ahora se analizarán esas opiniones».
Esas consideraciones, hechas públicas por la mayoría de comunidades, son directamente negativas cuando proceden de gobiernos del Partido Popular como el andaluz, al que no gusta «ni la letra ni la música» de una propuesta de Hacienda que en su opinión «abre el debate en falso», o el madrileño, que la considera «parcial y arbitraria» y que en sus observaciones al Ministerio plantea modificar el método de cálculo de la población ajustada para que se tenga en cuenta también la «concentración de la población».
Pero comunidades gobernadas por el PSOE también expresan reticencias, como el Gobierno de Asturias, que ha mostrado «discrepancias» con la propuesta ya que considera que el modelo planteado no está basado en las necesidades reales de gasto y en cambio aboga por dar mayor importancia al peso de los gastos sanitarios e introducir el gasto universitario y el número real de alumnos.
Mientras el presidente asturiano, Adrián Barbón, tiene «dudas» sobre si la propuesta les «beneficia o no», el canario, Ángel Víctor Torres, cuyo gobierno pide mayor peso de la insularidad e incluir la pobreza como factor a tener en cuenta, es uno de los convencidos «de que no va a haber financiación autonómica en lo que queda de legislatura» y «será una tarea que habrá que abordar en la próxima», puesto que no existe el «gran consenso» que se precisa.
El otro es el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que no cree que en esta legislatura salga adelante esa reforma del sistema de financiación «dada la dispersión de grupos y opiniones, y que ya, en el primer intento, ni siquiera los más beneficiados están contentos».
Las comunidades atienden en este asunto a sus intereses por encima incluso de sus colores políticos y gobiernos autonómicos presididos por el PSOE plantean cuestiones completamente diferentes, como Baleares, que quiere que se tenga en cuenta la presión sobre los servicios públicos del crecimiento demográfico, y Castilla-La Mancha, que demanda un fondo adicional para aplicar medidas contra la despoblación.
La Junta de Extremadura propone considerar los usuarios «reales» del sistema sanitario público -en la región «prácticamente el cien por cien»- frente a los de la sanidad privada, y en educación superior tener en cuenta no solo la universitaria sino también la formación profesional.
En la Comunidad Valenciana, empeñada en revertir la «infrafinanciación» que lleva años denunciando, se defiende tener en cuenta la influencia de la dispersión de la población en determinados servicios, mientras La Rioja solicita un reparto lineal para todas las comunidades, que podría situarse en un mínimo de un 1 %, para cubrir el coste de los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales sin necesidad de mayor endeudamiento.
Galicia, por su parte, apuesta por un modelo de coste por servicio y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, advierte de que no aceptará que se rebaje el peso de la dispersión en el nuevo sistema, en tanto que el Gobierno murciano, también del PP, exige que, mientras no se aprueba el nuevo modelo, haya un fondo de nivelación y un saneamiento de la deuda para las comunidades infrafinanciadas, como cree que es la suya.
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