En declaraciones a los periodistas, Ginesta ha avisado de un «riesgo real» de pagos indebidos de la RGC por falta de información sobre las personas que reciben o recibirán el IMV.
En concreto, el secretario ha explicado que una persona beneficiaria de la RGC que solicite y reciba el IMV podría estar cobrando la prestación por duplicado, lo que comportaría la obligación de devolver el dinero extra recibido, a riesgo de contraer una deuda con la Generalitat.
«El IMV es una gran noticia porque significa un hito histórico en el conjunto del Estado en materia de protección social, pero corre el riesgo de ser una cárcel burocrática si el ministerio no acompasa esta prestación con el ecosistema de protección social de Cataluña», ha alertado Ginesta.
«Esto no solo lo dice el departamento de Trabajo. Es una exigencia que hacemos desde Cataluña de una forma muy consensuada», ha subrayado el secretario, que ha recordado que la comisión de gobierno de la RGC, formada por sindicatos, patronales, colegio de trabajo social, mesa del tercer sector y la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña, también ha reclamado al ministerio concretar convenios para el despliegue y la gestión del IMV.
A la espera de lograr una transferencia de las competencias en la gestión de la prestación, una demanda que Ginesta ha situado en el medio plazo, aunque en comunidades como el País Vasco y Navarra ya es una realidad, el secretario ha urgido a lograr un acuerdo para facilitar la información sobre la prestación y evitar «situaciones paradójicas».
«No puede ser que cuando reconozcamos derechos la administración ponga problemas para que estos derechos sean efectivos», ha criticado.
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