Hace semanas que el Gobierno central y la Junta de Andalucía están inmersos en un conflicto a costa de la intención de la Junta de reconocer como agrícolas unas 800 hectáreas que ahora mismo se nutren, en su mayoría, de manera ilegal de aguas subterráneas procedentes del acuífero de Doñana. La propuesta busca ampliar formalmente la zona regable.
Si se cambia la ley, estos terrenos ubicados en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), pasarían a cumplir los requisitos para obtener la calificación de terreno regable con aguas superficiales. Después, será la Administración la que tenga la última palabra sobre si les otorga o no la concesión.
Desde el Gobierno, se ha acusado a la Junta de querer esquilmar todavía más el acuífero de Doñana, que ya está en grave peligro por la sequía y por la proliferación de pozos ilegales.
En esta batalla entre el Gobierno central y el Gobierno andaluz, ha aparecido ahora un tercer agente que suele permanecer al margen: la Comisión Europea.
Europa quiere proteger Doñana
La Comisión Europea suele mantener una postura bastante ambigua ante este tipo de conflictos, sin decantarse claramente por ninguno de los implicados.
Sin embargo, esta vez ha dejado al margen su labor de mediación y supervisión y ha amenazado con tomar medidas, e incluso imponer multas, si no se llevan a cabo acciones para proteger Doñana.
Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, se ha reunido recientemente con Ramón Fernández-Pacheco, consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. La intención del consejero era convencer a Bruselas de que la proposición del Gobierno andaluz de modificar la ley para ampliar las hectáreas de regadío no afectará a Doñana desde un punto de vista medioambiental, pero no consiguió su objetivo.
Tras la reunión, el comisario europeo insistió en que la Comisión utilizará todos los medios a su alcance para proteger uno de los acuíferos más importantes de Europa, y que esto incluye denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y solicitar multas coercitivas que podrían llegar a los 300 millones de euros.
El Gobierno central, por su parte, ha advertido a la Junta de Andalucía de que, si finalmente aprueba el proyecto de ley de regadíos, acudirá al Tribunal Constitucional. Además, está valorando la posibilidad de repercutir a la comunidad andaluza las posibles sanciones que se puedan imponer desde Bruselas.
Los Fondos Europeos están en riesgo
La preocupación de la Comisión por el estado de Doñana no es nada nuevo. En 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no haber cuidado de manera adecuada un espacio protegido.
A mediados de febrero, esta institución declaró que está dispuesta a utilizar todos los medios disponibles para garantizar que se ejecute correctamente la sentencia que condena a España por la falta de protección de los humedales de Doñana.
El proyecto de ley de la Junta de Andalucía ha hecho saltar todas las alarmas en Europa y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha señalado que los Fondos Europeos de recuperación que todavía están pendientes de recibirse están en riesgo si no se toman medidas para mejorar la situación en Doñana.
La Junta, por su parte, se muestra ahora más dispuesta a buscar alternativas para solventar la situación que tienen los regadíos que se encuentran en el entorno del Parque.
Ni la Junta ni el Gobierno central han rechazado ni descartado la propuesta de Alfonso Guerra, que fue presidente durante años del Patronato de Doñana, de permutar o comprar a los regantes los terrenos que están afectados por el plan de reordenación.