Los fondos Next Generation de la Unión Europea están permitiendo poner en marcha medidas y ayudas que fomentan el desarrollo económico, industrial, tecnológico y social tras la pandemia.
A cambio de ellos, los países beneficiarios tuvieron que presentar en su momento un plan de recuperación que establecía la forma en la que se iba a utilizar el dinero.
Desde entonces, las autoridades europeas han estado supervisando el destino de los fondos a fin de garantizar el buen uso de los mismos. De hecho, no cumplir los compromisos adquiridos, es motivo suficiente para que las cantidades que queden pendientes de abonar a los Estados no se transfieran.
En el caso de España, el país ha sido uno de los 13 apercibidos por la Comisión Europea por no haberle comunicado quienes son las 100 personas o entidades más beneficiadas por los fondos.
La opacidad española preocupa en Europa
El pasado mes de febrero, una delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamente Europeo estuvo de visita en España para conocer cómo se estaban aplicando los fondos.
En mayo, Monika Hohlmeir, presidenta de dicha Comisión, compareció para comunicar que todavía no había recibido la información que había pedido al Gobierno español para fiscalizar el uso que se está haciendo de los fondos Next Generation.
La eurodiputada alemana manifestó en su momento que la Comisión todavía no tiene conocimiento de a manos de quién ha ido a parar el dinero ni de los proyectos que se han puesto en marcha.
Esto provocó un conflicto entre instituciones, al reprocharle el Parlamento a la Comisión Europea que entregara a España 10.000 millones de euros en 2021 sin que el país hubiera activado el mecanismo de control que era requisito previo para poder acceder al dinero.
Una situación que se repite en otros países
Lo que ocurre en España también se ha repetido en otros Estados miembros de la Unión. Todos los perceptores de los fondos deben publicar una lista indicando quienes son los 100 mayores beneficiaros finales de los fondos Next Generation, pero solo la mitad de los países lo han hecho.
Este listado se publica este año por primera vez, ya que forma parte de las reformas introducidas en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a fin de conseguir una mayor transparencia.
De hecho, el listado debe publicarse dos veces al año, la primera de ellas en abril y la segunda en el último trimestre.
El Parlamento exige un mayor control
La gestión de los fondos Next Generation es una competencia de la Comisión Europea, pero el Parlamento no está conforme con la forma en la que se está llevando a cabo, y exige un endurecimiento de los controles relativos al uso del dinero.
Para el Parlamento, estos fondos tienen una especial importancia y, en cambio, el control sobre su uso está siendo más suave que en otros programas de la Unión Europea.
Ante el riesgo de un uso indebido o fraudulento, el Parlamento ha pedido a la Comisión que endurezca las verificaciones de los sistemas de control interno de los Estados.
La intervención del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo también está implicado en esta cuestión y ha exigido a la Comisión que actúe con más dureza a la hora de asegurarse del destino que se está dando a los fondos.
Al mismo tiempo, ha reprochado a la misma que no haya puesto en marcha medidas de control casi hasta la mitad de la vigencia de este mecanismo de recuperación.
En última instancia, el Tribunal de Cuentas ha advertido que la Comisión está pidiendo informes a los auditores internos de los Estados para comprobar la utilización de los fondos, pero que no dispone de medidas para comprobar que la información suministrada sea totalmente veraz.