Fuentes gubernamentales creen que es altamente probable que la Comisión Europea (CE) dé luz verde a las «propuestas alternativas» presentadas por España para no implementar peajes en sus autovías. Esta medida originalmente figuraba en el plan nacional de recuperación que se había propuesto anteriormente.
Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, anunció recientemente que espera que el órgano ejecutivo europeo acceda a estos cambios mediante una adenda al plan de recuperación. La propuesta presentada inicialmente establecía que España implementaría «un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga».
Estas propuestas no son simples cambios de papel; están directamente vinculadas a importantes fondos económicos. En particular, el cumplimiento de este punto aseguraría a España el desembolso del sexto tramo del fondo de recuperación, lo que representaría una inyección de 8.000 millones de euros. Además, una vez que la CE dé el visto bueno al plan revisado, se espera que España pueda acceder a 84.000 millones de euros en forma de créditos y 10.000 millones adicionales en transferencias, sumándose a los 70.000 millones ya disponibles.
Desde Bruselas, el sentimiento parece ser optimista. La CE ha mencionado que existen «avances positivos» en la revisión del plan actualizado enviado por el gobierno español. Veerle Nuyts, portavoz de Economía de la Comisión, comentó que las discusiones con España están avanzando en una dirección productiva y espera llegar a una conclusión definitiva pronto. «Las discusiones constructivas con las autoridades españolas están en marcha con vistas a finalizar en análisis lo antes posible», señaló Nuyts.
Con miras a buscar alternativas sostenibles al uso de carreteras, la ministra Sánchez destacó que la dirección que se busca tomar es «reforzar muchas medidas que ya se han aplicado», poniendo especial énfasis en «incentivar el transporte ferroviario» y el fomento al «transporte público». En línea con esta visión, se aspira a que una gran parte de las mercancías que actualmente se movilizan por carreteras sean transportadas por tren. Esta transición se vería apoyada con la instauración de nuevas infraestructuras, como autopistas ferroviarias y beneficios en los cánones ferroviarios para el transporte de mercancías.
Finalmente, se ha conocido que España ha propuesto una extensión en la fecha de aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, proyectándola ahora para finales de 2024.