La subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) afecta de manera directa al bolsillo de los consumidores haciendo bajar su poder adquisitivo. Pero también tiene efectos sobre la economía española en su conjunto, causando que los intereses que debe pagar España por la deuda pública se eleven. En la actualidad, rozan casi el 5%.
Algo más de un 5% de los títulos de deuda emitidos están vinculados a la inflación. Los conocidos como linkers permiten al Estado acceder a financiación a un coste bajo cuando la inflación está moderada. Sin embargo, cuando la esta crece, el coste de los intereses se dispara.
Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), las administraciones públicas gastaron en 2022 un total de 5.550 millones de euros más para poder cubrir los intereses de las deudas contraídas. Sumando un total de 31.595 millones de euros, lo que representa un 2,3% del PIB.
Ajustes en la previsión de la deuda pública
A principios de verano se estimaba que la deuda pública estaría en torno al 110,1% este año, pero Airef ha mejorado ligeramente los datos y los ha rebajado a una cifra que estará entre el 108% y el 109%.
Según explican los expertos, la corrección del déficit público será de ayuda a la hora de reducir el ratio de deuda.
En cualquier caso, es espera que 2023 cierre con un nivel de deuda pública que esté por debajo de la registrada en 2022 (113,2% del PIB).
En base a las previsiones, se estima que España pagará unos 44.000 millones de intereses este año por su deuda pública. Datos que elevan la factura diaria hasta los 120,54 millones de euros.
Desde 2019, España es el país de la Unión Europea que más ha aumentado el peso de su deuda soberana sobre su PIB.
Presiones de la Unión Europea
Desde que comenzó la pandemia, la Unión Europea está siendo algo más laxa en lo que al cumplimiento de los compromisos de déficit público se refiere.
Superada la crisis de salud pública, es previsible que las instituciones europeas vuelvan a ponerse exigentes con el cumplimiento de las reglas fiscales, y eso podría implicar tener que hacer importantes ajustes y recortes.
Además, la Comisión Europea ha presentado ya una propuesta legislativa para reformar las reglas fiscales que podría estar en marcha para 2025. Iniciativa que ha recibido el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El peso de la deuda autonómica
2022 cerró con un máximo histórico en la deuda pública de las comunidades autónomas, sumando un total de 316.800 millones de euros. Cifra que representa un 23,9% de su PIB.
Según el informe de BBVA Research, Endeudamiento de las Comunidades Autónomas, la deuda de estas entidades empezó a crecer a un ritmo del 20% a partir de 2008, con el inicio de la crisis económica. Se estabilizó en el período de 2015 a 2020, y desde entonces ha crecido a un ritmo más fuerte por las consecuencias de la pandemia.
Por regiones, Navarra, Canarias, País Vasco y la Comunidad de Madrid son las únicas que lograron el pasado año mantener su deuda por debajo del 14% de su PIB.
Por el contrario, en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia mantuvieron un nivel de deuda que superaba el 30% de su PIB (el 44% en el caso de la Comunidad Valenciana).
Para este año, las previsiones elevan la deuda pública de las comunidades autónomas hasta los 322 millones de euros. Reflejando un nuevo incremento con respecto a su PIB.