La reforma del mercado eléctrico en Europa lleva años sobre la mesa. Fue España uno de los Estados pioneros a la hora de pedir cambios que evitaran la volatilidad en las facturas de la luz que deben asumir los consumidores. Propuesta que en su momento resultó descartada por la presión ejercida por Alemania y Francia.
Tras meses de negociaciones, por fin se ha logrado desbloquear la reforma. En esta ocasión, solo Hungría se ha propuesto al cambio.
El objetivo es conseguir que el precio de la electricidad no esté tan influido por el precio de los combustibles fósiles. Medida que protegerá a los consumidores frente a las bruscas subidas de precios a las que se han tenido que acostumbrar en los últimos años.
Estabilización de los mercados de la electricidad
La reforma busca estabilizar los mercados de la electricidad a largo plazo, a través de la formalización de nuevos contratos de compraventa de energía. Para ello, los Estados tienen que eliminar todos aquellos obstáculos y cargos injustificados, o procedimientos que puedan resultar desproporcionados o discriminatorios para los productores de energía.
El modelo a adoptar será el de contrato bidireccional por diferencia. Contratos a largo plazo celebrados por entidades públicas con el objetivo de apoyar las inversiones.
Con estos contratos, las entidades públicas complementarán el precio del mercado al productor cuando este sea bajo, y le exigirán un reembolso cuando el precio del mercado supere un determinado límite. Lo que se pretende con ello es que no haya productores que reciban unos beneficios extraordinarios excesivos cada vez que el precio de la energía suba.
Para una mayor seguridad jurídica, se va a elaborar un Reglamento que regule estas cuestiones y, en todo caso, las normas aplicables a los contratos bidireccionales por diferencia tendrán una moratoria de entre tres y cinco años en función de los proyectos a los que afecten.
Mecanismo de capacidad
Los 27 han acordado que el mecanismo de capacidad deje de tener una vigencia temporal.
Estos mecanismos se encargan de apoyar a las centrales eléctricas para garantizar el suministro eléctrico a medio y largo plazo. Aunque para poder recibir estas ayudas, los generadores de electricidad deben mantener los niveles de emisión de CO2 por debajo del límite marcado.
Se va a proceder a simplificar y racionalizar el procedimiento de aprobación de los mecanismos de capacidad. Pero para ello es necesario que la Comisión elabore primero un informe que evalúe las alternativas que se pueden adoptar para hacer el proceso más simple.
Mayor protección de los consumidores
A fin de los consumidores estén más protegidos frente a la volatilidad de precio de la electricidad, el acuerdo de los 27 reconoce el derecho de los consumidores a elegir libremente a su suministrador, así como a acceder a tarifas dinámicas de electricidad y a contratos de duración determinada a un precio fijo.
También se van a evaluar medidas para proteger a los consumidores vulnerables y evitar que estos puedan ser desconectados ante la falta de pago. Para ello, se van a establecer sistemas de proveedor de último recurso.
Lo que se mantiene igual es la posibilidad que tienen los Estados de aplicar precios regulados a los hogares en situación de pobreza energética y vulnerables. Con independencia de que exista o no una situación de crisis energética.
Como novedad, se permite a los Estados aplicar de manera temporal un precio regulado (que puede estar por debajo del precio de coste) para las pymes en tiempos de crisis.
Además, se van a realizar ajustes en las condiciones que son necesarias para que el Consejo declare que existe una crisis de los precios de la electricidad.