La preocupación de la Comisión Europea por el déficit de los Estados miembros ha sido una constante, especialmente desde la crisis de 2008.
En los últimos años, a consecuencia de la pandemia y de sus efectos económicos, los países han tenido menos presión en este sentido por parte del Ejecutivo europeo. Pero ahora, una vez superada la crisis, todos deben volver a tomar medidas para cumplir con su compromiso de que el déficit no supere el límite del 3%.
El déficit como indicador de la salud económica de un Estado
El déficit fiscal se refiere a la brecha negativa que existe entre los ingresos y los gastos gubernamentales dentro de un determinado período (normalmente un año natural).
Se produce cuando un Estado gasta más dinero del que es capaz de recaudar a través de sus ingresos fiscales.
Con frecuencia, su razón de ser está en que los países necesitan gastar más de lo que tienen para financiar servicios esenciales como la sanidad o la educación. Y su efecto inmediato es que hay que buscar fórmulas alternativas de financiación, como la emisión de deuda pública o la implantación de nuevas políticas fiscales (subidas de impuestos).
A pesar de que suele percibirse como algo negativo, no siempre lo es. En un momento de recesión económica, los Estados pueden aumentar el gasto más allá de sus ingresos para estimular la actividad económica. Si ese déficit temporal se gestiona adecuadamente, no tiene por qué causar un impacto significativo en la economía.
El déficit fiscal tiene una estrecha relación con la deuda pública. El déficit es una brecha anual, pero la deuda pública es la manifestación más evidente de la acumulación total de los déficits pasados y presentes. Todo lo que debe el Estado por las veces en que ha tenido que emitir deuda pública para financiarse.
El papel de la política económica en la gestión del déficit fiscal
Gestionar el déficit fiscal es una tarea compleja en la que la política económica juega un papel determinante. Porque las decisiones relacionadas con el gasto público y los impuestos pueden afectar de manera directa al comportamiento del déficit.
Si un gobierno opta por incrementar el gasto público, puede incrementar el crecimiento económico, pero también hacer subir el déficit. Por el contrario, si recorta el gasto público, conseguirá reducir el déficit, pero también puede afectar al desarrollo económico del país. La política económica es la disciplina que se encarga de buscar el equilibrio entre las medidas de gasto público, la recaudación tributaria y el déficit.
De ahí la necesidad de que todas las decisiones relacionadas con estas materias deban sopesarse de manera cuidadosa, para incentivar el crecimiento de la economía del país, pero sin que esto implique que este se endeude más de lo aconsejable.
El límite de déficit en la Unión Europea
En 1997, los Estados miembros de la Unión Europea firmaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Cuyo objetivo era mantener la estabilidad económica y fiscal dentro de los países miembros.
En base a este acuerdo, los países que integran la eurozona han de mantener su déficit presupuestario por debajo del 3% de su Producto Interior Bruto (PIB), así como reducir su deuda pública hasta niveles sostenibles.
Se fijó el límite del 3% porque se consideró que este era un umbral lo suficientemente razonable como para que los países pudieran tener unas finanzas saludables sin tener que renunciar al crecimiento económico. El objetivo último es que los Estados miembros apliquen en su territorio políticas fiscales responsables, evitando un sobreendeudamiento que podría afectar a la estabilidad macroeconómica de la región.
En 2020, con la pandemia de Covid-19, fue la primera vez que la Comisión Europea suspendió de manera temporal las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permitiendo a los Estados aumentar su gasto y que su déficit fiscal superara el 3%. Con el objetivo último de poder hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia y conseguir una recuperación que fuera lo más rápida posible.
Pasado lo peor de la crisis sanitaria, y con los países en vía de recuperación, es previsible que el Ejecutivo europeo vuelva a ser exigente a la hora de que los Estados miembros ajusten su déficit.
El déficit fiscal en España, de la Transición a la actualidad
Desde la década de 1980, el déficit fiscal en España ha pasado por diversas fases y fluctuaciones.
En los años 80 se produjo una modernización de la economía a la vez que se desarrollaba la Transición política. En 1986 España entró en la Comunidad Económica Europea, y esto supuso tener que incrementar el gasto público para cumplir con los requisitos de acceso.
En la década de 1990, se llevaron acabo reformas económicas significativas que desembocaron en un crecimiento económico sostenido. Durante algunos años, el país logró superávit fiscal, ingresando más dinero de que gastaba.
A principios de la década de los 2000, la economía española continuaba creciendo y el déficit no suponía ningún problema. Pero la crisis financiera que se generó en 2008, y que se extendió a nivel global, tuvo un impacto significativo en España.
Entre 2008 y 2013 las finanzas públicas se deterioraron de manera notable. La recesión económica, la burbuja inmobiliaria y el aumento del desempleo contribuyeron a que el déficit público creciera rápidamente.
En 2012 se llevó a cabo un rescate del sector bancario y, a partir de 2013, se establecieron fuertes medidas de austeridad y reformas estructurales para intentar controlar el déficit.
En 2019 España consiguió un superávit primario (excluyendo los intereses de la deuda pública) por primera vez en muchos años. Pero un año después, en 2020, la pandemia dio lugar a un nuevo incremento del gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria y económica.
En el período de 2022 a 2023 el déficit fiscal se ha reducido, pero continúa estando por encima del 4%. Las previsiones de la Comisión Europea para España en 2024 hablan de un déficit del 3,2%, lo que todavía estaría por encima del límite fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.