La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son objetivos que la Unión Europea tiene en su agenda desde hace ya varios años. De ahí que en los últimos tiempos haya reforzado las medidas para reducir la contaminación, pero esta política parece no coincidir con los intereses de los ciudadanos europeos.
Con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) ha realizado un estudio sobre las políticas europeas. Estudio que ha revelado que un 41% de los europeos preferiría que se tomaran medidas para rebajar el precio de la energía, antes que medidas destinadas a reducir las emisiones contaminantes.
El estudio también destaca la valoración negativa que hacen los europeos de la gestión que han hecho las instituciones de la Unión Europea de las crisis del Covid-19 y de la invasión de Ucrania.
Los europeos prefieren una energía barata
El estudio del ECFR destaca que el 41% de los europeos prefiere políticas energéticas encaminadas al ahorro en la factura, mientras que solo un 25% apoya “hacer todo lo posible” para disminuir las emisiones.
En España, el porcentaje de encuestados que priorizan el precio bajo sobre la contaminación, es un poco inferior al resto de Europa. Aquí, un 35% apoyan las medidas de ahorro y un 28% creen que es mejor priorizar las políticas energéticas orientadas a cuidar el medio ambiente.
Suecia y Portugal son los que han mostrado un mayor apoyo a las medidas de sostenibilidad y eficiencia frente al precio de la electricidad. Por el contrario, en Alemania, Grecia y Polonia, casi la mitad de los encuestados prefieren que los gobiernos tomen más medidas para reducir el importe de la factura eléctrica.
Para los especialistas, la reciente crisis energética que ha atravesado la Unión Europea es lo que explica que los ciudadanos prioricen pagar menos por la luz antes que cuidar el medio ambiente.
Esta no es la primera vez que los ciudadanos anteponen el precio a la lucha contra el cambio climático. Un estudio de la consultora norteamericana Bain, destacaba hace unos meses que entre los consumidores de Occidente hay un fuerte rechazo a hacer un gasto extra en el pago de las facturas de la luz a cambio de luchar contra el cambio climático.
Según este estudio, menos de la mitad de los consumidores de Estados Unidos y de la Unión Europea están dispuestos a asumir un coste extra en su factura de electricidad (en la encuesta se hablaba de una subida del 2%), o en el precio del combustible, a cambio de que ese dinero se destine a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Desacuerdo con otras políticas europeas
Del estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores también se desprende el descontento de los ciudadanos europeos con otras medidas que se han tomado en los últimos años.
Un 35% de los encuestados cree que la respuesta que dio la Unión Europea frente a la pandemia de Covid-19 fue negativa. Un 37% están en contra de la respuesta ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y un 41% cree que no se ha hecho una buena gestión de la crisis financiera.
La respuesta ante el conflicto en Gaza es menos homogénea. El 35% desaprueba la postura de la Unión Europa y solo un 10% la considera aceptable. Pero la mayoría de los encuestados prefieren no pronunciarse sobre este tema.
Sobre la inmigración, que es un tema que está despertando un importante debate, la mayoría de los ciudadanos europeos no consideran que este sea el reto más importante que tiene que afrontar la Unión Europea en la actualidad. Aunque para los ciudadanos de Alemania, Austria, Holanda o Suecia esta sí es una cuestión prioritaria.
Además de con la oposición de los ciudadanos ante ciertas medidas, las instituciones europeas también están teniendo que lidiar con el desacuerdo de organizaciones empresariales ante las medidas de sostenibilidad que intentan implantar. Las aerolíneas españolas han criticado la intención de establecer un impuesto al queroseno, porque esto encarecería los vuelos dentro del territorio europeo, y potenciaría los viajes de los europeos a países fuera de la Unión. Por otro lado, los fabricantes automotrices también han mostrado su oposición a la posibilidad de que los coches más antiguos sean destinados directamente al desguace, sin dar opción a su reparación, que es otra de las medidas que se están valorando para luchar contra el cambio climático.