Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales algunas de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley de 2016, que modificó el Impuesto sobre Sociedades. Como consecuencia, la Agencia Tributaria va a tener que devolver dinero a las empresas que se vieron afectadas por el precepto declarado contrario a la Constitución.
Hasta el momento, Hacienda ha devuelto algo más de 300 millones de euros, pero el Instituto de Estudios Económicos (IEE) de la CEOE estima que las devoluciones pueden alcanzar los 25.000 millones de euros. Según los cálculos de fiscalistas e inspectores de Hacienda, el importe podría llegar a superar los 30.000 millones de euros.
La inconstitucionalidad del Decreto de Montoro
El 2016 el departamento ministerial que dirigía Cristóbal Montoro aprobó el Real Decreto-ley 3/2016, para adaptar la regulación española del Impuesto sobre Sociedades (IS) a las exigencias de Bruselas. Con la intención de intentar ajustar la desviación del déficit público.
La norma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mes de enero dictó sentencia. A juicio del TC, el Real Decreto-ley controvertido vulnera el artículo 86.1 de la Constitución. Porque este instrumento normativo no se puede emplear para afectar a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos que están recogidos en el Título I de la Constitución.
Entiende el Tribunal que en este caso se reguló a través de Decreto una obligación fundamental como lo es el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público (artículo 31.1 de la Constitución), algo que no permite el ordenamiento jurídico.
Además, la doctrina del TC también establece que un Decreto-ley no puede alterar ni el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos que tienen incidencia sobre la determinación de la carga tributaria.
Por ello, se han declarado inconstitucionales tres de los preceptos que recogía en su momento el Real Decreto-ley 3/2016, que afectaban al Impuesto sobre Sociedades. Como consecuencia, la Agencia Tributaria tiene que devolver lo que cobró indebidamente a las empresas haciendo uso de una norma que no era conforme al ordenamiento jurídico.
Hacienda ha devuelto ya 300 millones de euros
El informe de recaudación de Hacienda del pasado mes de febrero reflejaba un descenso en la recaudación a través del Impuesto sobre Sociedades de un 29,6% con respecto a febrero de 2023. Situación que se explica por las devoluciones extraordinarias a la que ha tenido que hacer frente la Agencia Tributaria a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Se ha confirmado la devolución de algo más de 300 millones de euros, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que por el momento no hay cifras concretas sobre el impacto total que tendrá esta sentencia.
Por su parte, la Agencia Tributaria está poniendo en práctica medidas que puedan limitar por vía judicial las devoluciones millonarias a las que tiene que hacer frente por este tema. Hacienda alega que los tribunales de justicia no tienen que entrar a valorar la inconstitucionalidad de los cambios realizados en el Impuesto sobre Sociedades durante la resolución de un recurso contencioso-administrativo, si la empresa afectada no alegó esa inconstitucionalidad.
Aunque Hacienda está instando a los tribunales a que no resuelvan en su contra cuestiones en las que el recurrente no haya alegado la inconstitucionalidad de algunos preceptos del Impuesto sobre Sociedades anulados por el TC, también ha dado orden a los inspectores de que apliquen la sentencia del Constitucional en los procesos ya abiertos o que se puedan abrir en el futuro.
Se desconoce la cifra total de la cantidad que tendrá que devolver la Agencia Tributaria a los contribuyentes afectados, pero las recaudaciones por Impuesto sobre Sociedades de 2016 y 2017 supusieron unos ingresos extra de 1.000 y 1.300 millones, respectivamente.
Calculando la cantidad de más que ha percibido Hacienda en los ochos años que la norma ha estado en vigor, y los intereses de demora, la propia entidad calcula que tendrá que devolver entre 8.000 y 10.400 millones más los intereses. Pero algunos expertos elevan esa cifra hasta los 30.000 millones de euros, sobre los que habría que sumar los intereses de demora.
Los fiscalistas aconsejan a las empresas que antes de solicitar la rectificación de las liquidaciones no prescritas valoren si tienen algún riesgo fiscal que haga que la prescripción les interese más o menos. Porque si presentan la rectificación, van a interrumpir el plazo de prescripción y este comenzará a contar de nuevo.